El atentado perpetrado el pasado 7 de junio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es, ante todo, un crimen político que sacude las fibras de una democracia que se desangra lentamente bajo el peso de su propia historia. No es solo un ataque contra un hombre, sino un reflejo atroz de las heridas mal cerradas de una Colombia que sigue sin reconciliarse consigo misma.

Miguel Uribe, heredero político del uribismo —una corriente que por décadas ha representado el poder tradicional, la represión y el privilegio— se encontraba en campaña cuando un joven de 15 años le disparó en un mitin público en Bogotá. Las autoridades han vinculado el hecho a estructuras criminales, pero desde una mirada crítica de izquierda es imposible ignorar el contexto más amplio: el de una juventud sin oportunidades, atrapada entre el abandono estatal y la seducción del crimen como única salida.

En vez de un «lobo solitario», este joven es símbolo de un país que ha dejado de escuchar, donde el grito de los excluidos se convierte en acto desesperado.

Si bien es fundamental condenar sin ambigüedades cualquier acto de violencia política, hay indicios de que este hecho ya está siendo instrumentalizado por el uribismo para fortalecer su discurso de persecución, martirio y mano dura. Ya voces dentro del Centro Democrático han comenzado a exigir el “endurecimiento de las penas”, militarización de la campaña y censura a ciertos discursos.

En este sentido, el atentado puede ser funcional a una narrativa derechista que busca replegar los márgenes del debate democrático y silenciar las voces que denuncian los abusos del poder tradicional.

Pero no basta con señalar al uribismo. La izquierda también debe mirarse al espejo. En los últimos meses, el debate político ha sido arrastrado al lodo por una retórica incendiaria en todos los frentes. La izquierda debe recordar que su proyecto no es ganar una elección más, sino transformar una cultura de odio, exclusión y violencia como herramienta de resolución.

Un llamado urgente a reconstruir el pacto democrático

Este atentado debería ser un punto de quiebre. Colombia no puede seguir normalizando que las balas reemplacen los argumentos, ni que el miedo decida las urnas.

El atentado contra Miguel Uribe es un síntoma brutal de una democracia enferma. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad para desarmar las palabras, humanizar al adversario y volver a creer que en Colombia se puede hacer política sin miedo a morir por ella.

Y esa tarea, más que de candidatos, es del pueblo.