La reciente visita oficial del presidente salvadoreño Nayib Bukele a la Casa Blanca, el 14 de abril de 2025, marcó un hito en la relación bilateral entre El Salvador y EEUU, consolidando una alianza estratégica centrada en la migración, la seguridad y la cooperación penitenciaria.
Ambos presidentes han trabajado juntos para implementar políticas migratorias estrictas. Una de las iniciativas más polémicas ha sido el acuerdo que permite la deportación de migrantes a El Salvador, donde enfrentan condiciones carcelarias severas. Por ejemplo, más de 200 venezolanos fueron enviados al Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se reportan violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y muertes.
Esta colaboración ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que señalan que muchos de los deportados no tienen antecedentes criminales y que el proceso carece de transparencia y debido proceso. Además, Trump ha sugerido la posibilidad de enviar incluso a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a prisiones en El Salvador, lo que ha generado preocupación sobre posibles violaciones constitucionales.
La narrativa del “migrante criminal”
Trump ha construido su discurso político en base a la supuesta amenaza que representan los migrantes latinoamericanos. Incluso sugirió enviar ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a cárceles salvadoreñas como parte de su “plan de limpieza nacional”. Bukele, por su parte, ha ofrecido sin objeciones la infraestructura penitenciaria de su país como brazo ejecutor de esta política. A cambio, ha obtenido legitimidad internacional entre sectores conservadores estadounidenses y acceso a acuerdos económicos bilaterales.
La alianza ha provocado un aumento en los discursos de odio y en los crímenes raciales contra la comunidad latina. Según cifras del Southern Poverty Law Center, los incidentes de violencia motivada por xenofobia han aumentado un 18% desde que se reactivaron los discursos antiinmigrantes en la campaña de Trump del año pasado.
“El problema no es solo lo que hacen los Gobiernos, sino cómo eso legitima la violencia social. Cuando el Estado trata a los latinos como criminales, la sociedad se siente autorizada a hacer lo mismo”, explica el sociólogo Andrés Mejía, de la Universidad de California.
¿Un modelo exportable?
Lo más alarmante es que esta alianza podría convertirse en modelo para otros Gobiernos de la región. En países como Honduras o Guatemala, sectores políticos conservadores ya estudian replicar el sistema de cárceles masivas y las políticas de deportación rápida. Si esto ocurre, no solo se agravará la situación de los migrantes, sino que se consolidará un marco regional de criminalización étnica y cultural.
La narrativa promovida por Trump y Bukele contribuye a la estigmatización de los migrantes latinoamericanos, presentándolos como amenazas o criminales. Esta representación negativa alimenta prejuicios y fomenta la discriminación hacia la comunidad latina en EEUU. Además, la falta de evidencia concreta sobre las acusaciones de vínculos con organizaciones criminales refuerza la percepción de que los migrantes son culpables por su origen, independientemente de su historial individual.
La alianza entre Trump y Bukele en materia migratoria ha tenido un impacto negativo en la percepción de los latinos en Estados Unidos. Al promover políticas que criminalizan a los migrantes y al difundir una imagen negativa de ellos, ambos líderes contribuyen a la perpetuación de la discriminación racial y cultural.
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