La condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner —sea vista como el desenlace de un proceso jurídico o como parte de una avanzada político-judicial— no puede analizarse al margen del contexto político, económico y social que atraviesa Argentina en estos momentos. Desde una perspectiva de izquierda crítica, no es solo una cuestión de nombres o cargos: lo que está en juego es el intento de proscribir políticamente a una figura clave del campo nacional-popular, en medio de un brutal ajuste neoliberal impuesto por el gobierno de Javier Milei.
El lawfare como instrumento de disciplinamiento
La condena a CFK forma parte de un fenómeno más amplio conocido como lawfare, es decir, el uso del aparato judicial con fines políticos. Este mecanismo, reproducido en toda América Latina (Dilma y Lula en Brasil, Correa en Ecuador), opera como herramienta del poder económico concentrado para disciplinar liderazgos populares y desmovilizar a las bases sociales que los sostienen.
Este intento de proscripción judicial —camuflado de institucionalidad— busca impedir que una figura con capacidad de movilización y articulación política se convierta en un polo de resistencia frente a las políticas de ajuste, privatización y entrega que impulsa el actual gobierno. En ese sentido, la condena no es contra Cristina, sino contra todo un proyecto político que representa a millones.
La bronca acumulada: condiciones objetivas para la protesta
La situación socioeconómica del país es crítica. El gobierno libertario de Milei ha desatado un ajuste sin precedentes que castiga con dureza a trabajadores, jubilados, estudiantes, cooperativistas y pequeños productores. Los salarios están pulverizados, la pobreza crece, y el tejido social se deshilacha día a día. En este marco, la condena puede actuar como catalizador de una bronca acumulada, despertando no solo la solidaridad con CFK, sino también una reacción más amplia contra el modelo de país que se intenta imponer.
La militancia organizada ya ha respondido con movilizaciones cada vez más masivas, pero también sectores que antes se mantenían al margen podrían sentirse interpelados. La sensación de injusticia —no solo hacia Cristina, sino hacia los sectores populares en general— podría derivar en una intensificación de la protesta social, con articulación entre organizaciones sociales, sindicatos y sectores del peronismo no alineados al oficialismo.
La lucha no se reduce a la defensa de figuras individuales, sino que se trata de una disputa más profunda, referente a la defensa de la democracia popular frente a un nuevo intento de restauración oligárquica. La condena judicial puede convertirse, en este contexto, en la chispa que encienda la pradera de un nuevo ciclo de luchas populares.
Si la justicia se pone al servicio de intereses corporativos, si la persecución política se normaliza y si el pueblo ve que sus representantes son perseguidos por defender sus intereses, entonces la calle se transforma en el único espacio legítimo de resistencia.
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