*Por Jorge Elbaum <\/p>\n\n\n\n
El 24 de marzo de 2026 se cumplen cincuenta a\u00f1os del episodio m\u00e1s tr\u00e1gico de la historia argentina: el golpe de Estado que instaur\u00f3 la dictadura c\u00edvico-militar-eclesi\u00e1stica, responsable del genocidio sufrido en nuestra Patria en el siglo XX. El quincuag\u00e9simo aniversario de aquel quiebre institucional no constituye \u00fanicamente una fecha de conmemoraci\u00f3n sino, en el contexto pol\u00edtico actual, un desaf\u00edo de lucha contra quienes hacen apolog\u00eda de la dictadura e impulsan una narrativa negacionista. A 50 a\u00f1os del inicio de esa tragedia argentina, la conmemoraci\u00f3n se presenta como una disputa en torno a la memoria, la verdad y la justicia. Frente a nosotros se despliega una oportunidad privilegiada para impulsar el an\u00e1lisis hist\u00f3rico, jur\u00eddico y sociol\u00f3gico de un per\u00edodo cuyas consecuencias contin\u00faan estructurando nuestra experiencia social, pol\u00edtica y econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
La comprensi\u00f3n cabal del golpe del 24 de marzo de 1976 requiere inscribirlo en la inestabilidad pol\u00edtica que caracteriz\u00f3 a la Argentina desde el derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Per\u00f3n en 1955, que increment\u00f3 las persecuciones contra el movimiento obrero, despu\u00e9s de los bombarderos a Plaza de Mayo. La proscripci\u00f3n del peronismo durante 18 a\u00f1os viabiliz\u00f3 un sistema pol\u00edtico clausurado, incapaz de darle gobernabilidad a ning\u00fan partido pol\u00edtico que legitimara la participaci\u00f3n del movimiento mayoritario.<\/p>\n\n\n\n
El retorno de Per\u00f3n al pa\u00eds en 1973 y su posterior fallecimiento en julio de 1974 abrieron un per\u00edodo de agudizaci\u00f3n de las contradicciones internas del movimiento peronista y de la sociedad argentina en su conjunto. El gobierno de Mar\u00eda Estela Mart\u00ednez de Per\u00f3n, signado por la par\u00e1lisis pol\u00edtica, la persecuci\u00f3n a militantes de izquierda y la espiral inflacionaria, fue el pretexto utilizado por los sectores neoliberales para dar el golpe. El pr\u00f3logo criminal de dicho contexto fue impulsado por la acci\u00f3n de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organizaci\u00f3n paramilitar que operaba desde las estructuras del propio Estado, impulso del entonces Ministro de Bienestar Social, Jos\u00e9 L\u00f3pez Rega. Entre 1973 y 1976, la Triple A asesin\u00f3 a miles de militantes de izquierda, sindicalistas, abogados, periodistas e intelectuales, inaugurando de facto la l\u00f3gica del terrorismo de Estado que la dictadura posteriormente sistematiz\u00f3. Esta continuidad entre la violencia paraestatal del per\u00edodo constitucional y la represi\u00f3n sistem\u00e1tica de la dictadura es parte de un mismo proceso, funcional a los intereses de los Estados Unidos, comprometidos en la Guerra Fr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, las organizaciones pol\u00edtico-militares, como los Montoneros y el Ej\u00e9rcito Revolucionario del Pueblo (ERP), hab\u00edan sido muy debilitadas para fines de 1975. No representaban una amenaza real al orden estatal en t\u00e9rminos militares. Sin embargo, sus acciones fueron instrumentalizadas por los sectores golpistas para justificar la necesidad de una \u00absoluci\u00f3n final\u00bb al problema de la \u00absubversi\u00f3n\u00bb. La apelaci\u00f3n a la amenaza subversiva para legitimar el terror fue la narrativa b\u00e1sica utilizada para esconder el verdadero objetivo del golpe: la aplicaci\u00f3n de un programa neoliberal ortodoxo, capaz de darle continuidad a las medidas adoptadas en el \u00abRodrigazo\u00bb, en la \u00faltima etapa del gobierno de Isabel Peron.<\/p>\n\n\n\n
El autodenominado \u00abProceso de Reorganizaci\u00f3n Nacional\u00bb instaur\u00f3 un sistema represivo sofisticado, de un alcance sin precedentes en la historia argentina. La junta militar \u2014integrada inicialmente por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier General Orlando Ram\u00f3n Agosti\u2014 organiz\u00f3 la represi\u00f3n criminal sobre la base de una divisi\u00f3n territorial en zonas, subzonas y \u00e1reas, bajo responsabilidad de cada fuerza, con una estructura de mando descentralizada pero coordinada. La imagen central del esquema fue la figura del \u00abdesaparecido\u00bb: la v\u00edctima era secuestrada de manera clandestina, conducida a uno de los m\u00e1s de 500 centros clandestinos de detenci\u00f3n habilitados en todo el territorio nacional, sometida a torturas sistem\u00e1ticas y, en la gran mayor\u00eda de los casos, ejecutada extrajudicialmente. La negaci\u00f3n de toda informaci\u00f3n oficial sobre el paradero de las v\u00edctimas constituy\u00f3 una forma de terror adicional dirigida al conjunto de la sociedad, para lograr su inmovilidad pol\u00edtico-social.<\/p>\n\n\n\n
Entre los centros clandestinos de detenci\u00f3n m\u00e1s atroces se estableci\u00f3 la Escuela de Mec\u00e1nica de la Armada (ESMA), que termin\u00f3 adquiriendo una centralidad simb\u00f3lica y operativa, para llegar a convertirse en uno de los s\u00edmbolos m\u00e1s emblem\u00e1ticos del terror estatal. Por sus instalaciones pasaron, seg\u00fan las estimaciones documentadas, alrededor de cinco mil personas, de las cuales sobrevivieron alrededor de doscientas. Ese Centro Clandestino de Detenci\u00f3n y Exterminio fue el responsable de impulsar los llamados \u00abvuelos de la muerte\u00bb, mediante los cuales los prisioneros eran arrojados al R\u00edo de la Plata o al mar desde aeronaves militares.<\/p>\n\n\n\n
Una de las dimensiones m\u00e1s aberrantes del terrorismo de Estado argentino fue la apropiaci\u00f3n sistem\u00e1tica de ni\u00f1os y ni\u00f1as nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus progenitores. Alrededor de quinientos beb\u00e9s, ni\u00f1as y ni\u00f1os fueron entregados ilegalmente a familias \u2013en su mayor\u00eda vinculadas al r\u00e9gimen\u2013, borrando su identidad de origen, mediante la falsificaci\u00f3n de documentos. Este crimen de lesa humanidad, que implic\u00f3 una destrucci\u00f3n deliberada de la identidad filiatoria de las v\u00edctimas, solo tiene antecedentes en operaciones similares realizadas por el franquismo en la d\u00e9cada del 30 del siglo pasado.<\/p>\n\n\n\n
La dictadura argentina no oper\u00f3 como un fen\u00f3meno aislado, sino como parte de una red transnacional de represi\u00f3n que articul\u00f3 a los reg\u00edmenes militares del Cono Sur bajo la coordinaci\u00f3n de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. La Operaci\u00f3n C\u00f3ndor \u2014cuya existencia fue documentada a partir del hallazgo del denominado \u00abArchivo del Terror\u00bb en Paraguay en 1992\u2014 estableci\u00f3 un sistema de cooperaci\u00f3n represiva entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil que permit\u00eda la persecuci\u00f3n, secuestro, tortura y asesinato de opositores pol\u00edticos m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras nacionales.<\/p>\n\n\n\n
La participaci\u00f3n de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Estado de Estados Unidos en el apoyo log\u00edstico, financiero e ideol\u00f3gico a la Operaci\u00f3n C\u00f3ndor ha sido establecida mediante la desclasificaci\u00f3n de numerosos documentos oficiales estadounidenses. Desde una perspectiva jur\u00eddico-internacional, dicha Operaci\u00f3n constituy\u00f3 una conspiraci\u00f3n criminal de escala regional que involucr\u00f3 cr\u00edmenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de pol\u00edticas estatales deliberadas y coordinadas en forma transnacional. Su juzgamiento y reconocimiento por parte de la sociedad civil fueron desiguales. Solo Argentina exhibi\u00f3 avances en materia de procesamiento a los responsables de los cr\u00edmenes, mayormente vinculados a las fuerzas armadas y a los organismos de seguridad. Sin embargo, quienes impulsaron el golpe desde el mundo econ\u00f3mico y financiero nunca fueron procesados.<\/p>\n\n\n\n
La derrota militar en la Guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982) precipit\u00f3 el colapso de la legitimidad del r\u00e9gimen dictatorial y aceler\u00f3 la transici\u00f3n hacia la democracia. El 10 de diciembre de 1983, Ra\u00fal Alfons\u00edn asumi\u00f3 la presidencia de la Naci\u00f3n en un contexto de enorme expectativa social, despu\u00e9s de tantos a\u00f1os de horror, censura, represi\u00f3n y hambre.<\/p>\n\n\n\n
Una de las primeras medidas del gobierno de Alfons\u00edn fue la creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional sobre la Desaparici\u00f3n de Personas (CONADEP), integrada por personalidades de reconocida trayectoria en el campo de la cultura, la ciencia y los derechos humanos, y presidida por el escritor Ernesto S\u00e1bato. El informe final de la CONADEP, titulado Nunca M\u00e1s y publicado en noviembre de 1984, document\u00f3 la existencia de 8.961 casos de detenidxs-desaparecidxs y la existencia de 340 centros clandestinos de detenci\u00f3n. Ambos datos fueron los que la Comisi\u00f3n pudo documentar, asumiendo que eran una parte del total, que deber\u00eda ser completada en un relevamiento m\u00e1s exhaustivo. Documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos se\u00f1alaban 22 mil casos. La cifra de 30 mil compa\u00f1eros y compa\u00f1eras desaparecidoos se consolid\u00f3 como una cifra simb\u00f3lica y al mismo tiempo coherente con lo sufrido por las v\u00edctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto. De la misma forma que el n\u00famero de 6 millones de asesinados en el Holocausto sufrido por los jud\u00edos en la Segunda Guerra Mundial, los 30 mil son el emblema de dignidad de un pueblo que no olvida, no perdona y sigue exigiendo castigo a los genocidas culpables. De otros genocidios no han quedado cifras simb\u00f3licas que muestran la verdad del horror, como el genocidio de lxs palestinxs que se contin\u00faa desarrollando ante la impotencia de quienes amamos la humanidad.<\/p>\n\n\n\n
El Juicio a las Juntas, celebrado ante la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal entre abril y diciembre de 1985, constituy\u00f3 un hito sin precedentes en la historia del derecho internacional de los derechos humanos: fue la primera vez en la historia que un tribunal civil juzg\u00f3 y conden\u00f3 a los m\u00e1ximos responsables de una dictadura militar por cr\u00edmenes cometidos durante su propio gobierno. Los principales jerarcas fueron condenados -aunque no todos los juzgados- a penas de reclusi\u00f3n perpetua o prisi\u00f3n, en una sentencia que estableci\u00f3 la responsabilidad del Estado en la planificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n sistem\u00e1tica de los cr\u00edmenes. Sin embargo, los grupos concentrados empezaron a presionar para concluir el camino de Verdad y Justicia, evitando la continuidad de los juicios contra los responsables operativos de los cr\u00edmenes. Tras las condenas del Juicio a las Juntas, con las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), se pretendi\u00f3 limitar los enjuiciamientos. Esa pol\u00edtica se ahond\u00f3 con los indultos presidenciales otorgados por Carlos Menem entre 1989 y 1990, que terminaron liberando a los jefes de las Juntas Militares \u2013que hab\u00edan sido condenados\u2013, imponiendo la total impunidad.<\/p>\n\n\n\n
La reapertura de los juicios a partir de 2003, mediante la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por el Congreso Nacional y su posterior confirmaci\u00f3n por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, inaugur\u00f3 un nuevo ciclo en el proceso de justicia transicional argentino. Desde entonces, han sido dictadas m\u00e1s de mil condenas en juicios orales y p\u00fablicos en todo el territorio nacional, en lo que constituye uno de los procesos de enjuiciamiento de cr\u00edmenes de lesa humanidad m\u00e1s extensos y sostenidos en la historia mundial.<\/p>\n\n\n\n
La Argentina ha sido reconocida internacionalmente como un modelo en materia de justicia transicional, en particular por la combinaci\u00f3n de mecanismos de verdad (CONADEP), justicia (condenas penales), reparaciones econ\u00f3micas a las v\u00edctimas y modificaciones en las instituciones (reforma de las Fuerzas Armadas y transformaci\u00f3n de su sistema educativo). Este modelo ha sido objeto de estudio y adopci\u00f3n parcial por procesos transicionales en otros pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
El quincuag\u00e9simo aniversario del golpe de 1976 se produce en un contexto pol\u00edtico en el que la memoria de la \u00faltima dictadura ha vuelto a convertirse en objeto de disputa por parte de apologistas de los cr\u00edmenes y de negacionistas. El gobierno del presidente Javier Milei, asumido en diciembre de 2023, adem\u00e1s de retomar el proyecto econ\u00f3mico de la dictadura, ha cuestionado las bases del Pacto Democr\u00e1tico de 1983, abonando un relato que reivindica a los genocidas. Sin embargo, la solidez del andamiaje jur\u00eddico e institucional construido en materia de verdad, memoria y justicia \u2014incluyendo el estatus legal de los archivos de la represi\u00f3n, la existencia de sitios de memoria en los ex centros clandestinos de detenci\u00f3n y la continuidad de los juicios penales\u2014 representa un capital institucional que, si bien no es indestructible, ofrece resistencias significativas frente a los intentos de revisi\u00f3n o negaci\u00f3n del pasado.<\/p>\n\n\n\n
A cincuenta a\u00f1os del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el caso argentino contin\u00faa ofreciendo ense\u00f1anzas de considerable relevancia para los estudios comparados sobre dictaduras, transiciones democr\u00e1ticas y justicia transicional. En primer lugar, demuestra que la justicia transicional es un proceso de largo aliento, atravesado por tensiones, retrocesos y recuperaciones, que requiere de una combinaci\u00f3n de voluntad pol\u00edtica, movilizaci\u00f3n social y fortaleza institucional para sostenerse en el tiempo. En segundo lugar, pone de manifiesto la centralidad de la memoria colectiva como dimensi\u00f3n constitutiva de la identidad de una sociedad: las disputas en torno al pasado son siempre querellas en torno al presente y al futuro. La preservaci\u00f3n de la memoria de las v\u00edctimas del terrorismo de Estado no es un ejercicio de nostalgia, sino una condici\u00f3n de posibilidad de la democracia misma. Finalmente, la trayectoria argentina invita a reflexionar sobre la fragilidad de los logros en materia de derechos humanos y sobre la necesidad de una vigilancia permanente frente a los intentos de relativizaci\u00f3n, negaci\u00f3n o banalizaci\u00f3n del horror. Frente a quienes buscan destruir la historia, fragmentar la memoria y convertir en h\u00e9roes a simples genocidas, es necesario recuperar la pasi\u00f3n, la coherencia y la dignidad que las Madres de la Plaza de Mayo, las Abuelas y los Hijos nos han legado para poder superar la actual etapa de crueldad y espanto.<\/p>\n\n\n\n
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*Art\u00edculo tomado de La Iguana.tv y la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad \u2013 RedH<\/p>\n\n\n\n
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