Durante los últimos días, Los Ángeles ha sido escenario de una nueva oleada de enfrentamientos entre manifestantes, cuerpos policiales y grupos contrarios en barrios de alta densidad latina. Lo que comenzó como una protesta pacífica contra los desalojos masivos en el este de la ciudad derivó en disturbios, arrestos y una cobertura mediática que ya empieza a ser utilizada por sectores extremistas para alimentar el discurso de odio contra la comunidad latina a lo largo de EEUU.
Los enfrentamientos iniciaron el jueves 6 de junio en Boyle Heights, cuando cientos de manifestantes se congregaron frente a un complejo de viviendas donde 17 familias latinas estaban siendo desalojadas tras la compra del terreno por un fondo de inversión. La protesta, que inicialmente transcurrió en calma, se tornó caótica al llegar unidades antidisturbios. Hubo gases lacrimógenos, piedras lanzadas y al menos 34 personas detenidas.
En los días siguientes, se replicaron movilizaciones en áreas como Pico-Union y South Gate, donde también se registraron enfrentamientos menores. Si bien no se han reportado víctimas fatales, organizaciones locales denuncian uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, en su mayoría de jóvenes latinos.
La narrativa mediática y el riesgo de criminalización
Lo que ha seguido es una cobertura dividida: mientras medios locales han intentado contextualizar las protestas como resultado de la crisis de vivienda, algunos canales nacionales y cuentas en redes sociales las han mostrado como «violencia urbana» impulsada por «grupos radicales».
“Esto ya lo hemos visto antes: el conflicto local se convierte en un arma política a nivel nacional”, señala Silvia Ramírez, directora del Centro de Estudios sobre Racismo en la Universidad de California. “Basta con que un medio sensacionalista etiquete a los manifestantes como ‘pandilleros’ o ‘ilegales’ para que el mensaje se replique miles de veces en redes sociales”.
Desde el viernes, distintas cuentas y figuras políticas de ultraderecha han comenzado a vincular los disturbios con la “amenaza de la inmigración sin control”, exigiendo medidas más duras en la frontera y mayor presencia policial en barrios latinos. Según datos preliminares del Anti-Defamation League (ADL), las menciones negativas hacia los latinos en plataformas como X (antes Twitter) aumentaron un 45% entre el 6 y el 9 de junio.
Un patrón conocido
Este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia de Los Ángeles, desde los disturbios de 1992 hasta las protestas por George Floyd en 2020, los momentos de tensión social han sido utilizados para reforzar estereotipos y criminalizar comunidades marginadas.
“La narrativa del ‘latino violento’ se reactiva cada vez que hay una protesta que rompe el guión de la pasividad”, dice el abogado y activista Antonio Delgado. “Se pierde de vista el contexto: la falta de vivienda, el acoso policial, la desigualdad estructural. En cambio, se pone el foco en una ventana rota o un contenedor quemado”.
Más allá del plano mediático, el aumento del discurso de odio tiene efectos concretos. Organizaciones como LatinoJustice y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración han advertido un incremento en los ataques verbales en espacios públicos, especialmente contra personas que hablan español o portan símbolos culturales como la bandera mexicana o camisetas con mensajes de justicia social.
Además, líderes comunitarios temen una oleada de políticas represivas. “Lo que empieza como una crisis de vivienda puede terminar con más patrullas, más redadas, más miedo en las calles”, advierte Delgado.
Los enfrentamientos en Los Ángeles reflejan una ciudad en lucha, no solo contra desalojos y desigualdad, sino también contra una narrativa que busca reducir a toda una comunidad a estereotipos peligrosos. En tiempos de incertidumbre, la defensa de la verdad, la justicia y la dignidad humana se vuelve más urgente que nunca.