La carrera de EEUU y la UE por los minerales críticos deja un saldo de denuncias en todo el mundo

Las grandes economías aceleran inversiones y acuerdos para asegurarse cobre, litio, cobalto, níquel y otros recursos estratégicos para la transición energética. En los territorios donde están esos yacimientos, mientras tanto, se multiplican las denuncias por contaminación, afectación de fuentes de agua, conflictos laborales y vulneración de derechos de las comunidades locales. La economía verde, presentada como uno de los pilares del nuevo modelo productivo mundial, enfrenta cada vez más cuestionamientos sobre quién asume sus costos sociales y ambientales.

Estados Unidos y la Unión Europea consideran estratégico el acceso estable a los llamados minerales críticos, por su importancia para fabricar baterías, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y numerosas tecnologías industriales. La disputa por garantizar cadenas de suministro propias se intensificó al mismo tiempo que aumenta la competencia internacional por controlar etapas fundamentales de las nuevas cadenas de valor vinculadas a la descarbonización.

Las cifras, sin embargo, ponen en cuestión la dimensión social del proceso. El relevamiento de 2025 del Transition Mineral Tracker, elaborado por el Business & Human Rights Resource Centre, contabilizó 329 denuncias vinculadas con 299 operaciones mineras, más del doble de las 156 registradas el año anterior. Los señalamientos abarcan contaminación del aire y del agua, impactos sobre la salud, deficientes condiciones laborales y restricciones a la organización sindical. También se identificaron 61 protestas, diez huelgas y 44 acciones judiciales relacionadas con operaciones mineras.

En América del Sur, desde que comenzó el seguimiento en 2010, se acumulan 447 denuncias, la cifra más alta entre las regiones consideradas por el relevamiento; durante 2025 se registraron otras 97. Una parte importante de los conflictos se relaciona con territorios indígenas, acceso al agua y cuestionamientos sobre el cumplimiento del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos.

Algunos casos ilustran estas tensiones. En Jujuy, Argentina, el proyecto Cauchari-Olaroz ha sido objeto de denuncias que atribuyen a la explotación posibles alteraciones de los ciclos naturales del agua y riesgos de salinización para humedales altoandinos y territorios indígenas. En Perú, organizaciones y sectores de la población han cuestionado el proyecto cuprífero Ariana por sus posibles efectos sobre ecosistemas vinculados al abastecimiento hídrico de Lima y Callao. En Ecuador, comunidades de la zona de Las Naves han denunciado deficiencias en los procesos de consulta relacionados con el proyecto Curipamba-El Domo; los representantes legales de la iniciativa sostienen, por su parte, que las acciones constitucionales presentadas contra el proyecto fueron rechazadas o declaradas inadmisibles por la justicia ecuatoriana.

El fenómeno no se limita a América Latina. África registró 100 denuncias durante 2025, frente a 45 el año anterior, con una importante concentración de casos en la República Democrática del Congo, Zambia y Guinea. En Zambia, el colapso de una instalación de la mina Sino-Metals Leach liberó, según el informe citado, unos 50 millones de litros de material contaminante hacia un curso de agua conectado con el río Kafue, del que dependen actividades de consumo, agricultura, pesca e industria. El episodio derivó en una demanda presentada por 176 residentes; la empresa matriz se opuso a las acusaciones planteadas en el proceso.

Esto plantea un problema que va más allá de cada explotación: la transición energética puede reproducir antiguas asimetrías de la economía internacional si los centros de consumo y tecnología concentran los beneficios mientras las regiones proveedoras absorben buena parte de los costos ambientales y sociales. Descarbonizar las economías industrializadas exige enormes cantidades de recursos que, en numerosos casos, se encuentran en América Latina, África y otras regiones del Sur Global. No se trata solo de extraer más minerales para sustituir combustibles fósiles, sino de determinar bajo qué reglas se hace, qué capacidad tienen los Estados y las comunidades para intervenir en esas decisiones y cómo se distribuyen los beneficios de una transformación productiva presentada como global.