COB y movimientos sociales profundizan las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz

En distintas regiones de Bolivia, las organizaciones agrupadas en la Central Obrera Boliviana (COB), junto a movimientos sociales, campesinos y sectores populares, sostienen este lunes 1 de junio una nueva jornada de protestas y bloqueos contra las medidas neoliberales del Gobierno de Rodrigo Paz.

La decisión de mantener la presión en las calles fue adoptada durante un ampliado nacional realizado en la víspera, donde los sectores movilizados rechazaron de manera unánime la convocatoria al diálogo formulada por el Ejecutivo.

Como expresión de respaldo a la medida, una masiva columna de trabajadores marchó cerca de 25 kilómetros desde la ciudad de El Alto hasta las inmediaciones de la plaza Murillo, sede de los poderes públicos en La Paz. Allí, los manifestantes exigieron la renuncia de Paz y repudiaron lo que consideran un intento de reinstalar el Estado neocolonial.

A la denuncia contra el rumbo económico del Gobierno se suma el señalamiento de una campaña de persecución judicial contra dirigentes obreros y populares. En ese marco, las organizaciones cuestionan la orden de aprehensión vigente contra el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, cuya suspensión fue rechazada por el Poder Judicial.

En paralelo, los sectores populares mantienen 80 puntos de bloqueo en seis de los nueve departamentos del país. Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras, Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes de ruta, con 32 interrupciones, mientras que en La Paz se registran 19.

Las consecuencias de la paralización del transporte terrestre ya se sienten con fuerza en La Paz y El Alto, donde se reportan desabastecimiento de alimentos y aumento de precios. La situación se agrava por la escasez de gasolina durante seis días consecutivos, que provocó protestas independientes de cientos de conductores obligados a realizar filas de hasta cuatro días para acceder al combustible.

El conflicto social, que supera los 30 días, escaló tras la anulación de la ley que limitaba la declaratoria del estado de excepción por parte de una Asamblea Legislativa controlada en un 93 % por la derecha. Con este paso, el Ejecutivo queda habilitado para recurrir a las Fuerzas Armadas en la represión de la protesta social, frente a la resistencia de la COB, los gremios, las organizaciones campesinas y los movimientos sociales movilizados.