Eduardo Bolsonaro, condenado por operar en EEUU contra la soberanía judicial de Brasil

Por coaccionar a la justicia y atentar gravemente contra la soberanía nacional, el Tribunal Supremo de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión. La causa se originó en sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para promover medidas restrictivas unilaterales contra Brasil, luego de la condena impuesta a su padre por su responsabilidad en la trama golpista.

Con el voto unánime de los cuatro jueces de la Primera Sala, el Supremo dictó sentencia en una audiencia a la que Bolsonaro no asistió. El exdiputado reside en Estados Unidos desde 2025. La resolución implica, además, su inhabilitación política por ocho años y el pago de una multa de 100 salarios mínimos, equivalente a 162.100 reales, cerca de 31.700 dólares.

En el marco del fallo, la pena deberá cumplirse en régimen semiabierto. El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, sostuvo que Eduardo Bolsonaro reconoció haberse trasladado a territorio estadounidense con el propósito de gestionar ante la Administración Trump sanciones contra los magistrados que juzgaron a su padre. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por delitos vinculados al golpismo y al grave atentado contra la democracia brasileña.

Como parte de la audiencia, el tribunal exhibió videos y declaraciones en las que Eduardo Bolsonaro detallaba sus acciones de lobby en Estados Unidos para impulsar sanciones contra Brasil y contra integrantes del Poder Judicial. Como resultado de esa ofensiva, la Administración Trump aprobó medidas coercitivas contra distintas personas y aplicó aranceles contra el país suramericano.

Aunque la defensa intentó desligar al acusado de las decisiones tomadas por Washington, los jueces consideraron probado que su accionar produjo daños concretos contra Brasil y contra su sistema judicial. Para el Supremo, la campaña impulsada desde el exterior no constituyó una mera actividad política, sino una forma de presión contra instituciones soberanas.

Antes de la sentencia, la Procuraduría General de la República había acusado penalmente a Bolsonaro por coordinar desde Estados Unidos una estrategia sistemática de presión política con carácter injerencista. Según el Ministerio Público, esas maniobras buscaban forzar represalias internacionales contra autoridades judiciales brasileñas.

De acuerdo con las investigaciones, la campaña tenía como objetivo promover sanciones unilaterales contra ministros de la alta corte y alentar medidas de asedio financiero capaces de afectar la economía nacional. En ese marco, la ofensiva fue interpretada como un intento de condicionar desde el exterior el funcionamiento institucional de Brasil.

La causa por conspiración contra el orden democrático fue abierta formalmente en mayo de 2025, cuando Eduardo Bolsonaro ya se encontraba fuera del país. Para la justicia brasileña, su residencia en Estados Unidos formó parte de una estrategia para eludir la acción directa de los tribunales nacionales mientras impulsaba presiones contra ellos.

Según los documentos de la Procuraduría, el exlegislador actuó en coordinación con el comunicador Paulo Figueiredo para conseguir respaldo entre congresistas y aliados de la derecha estadounidense. Esa red buscaba castigar a las instituciones judiciales brasileñas y obstaculizar las investigaciones sobre la asonada golpista de 2022.

Detrás de esa maniobra, sostiene el expediente, se encontraba el intento de blindar de impunidad a Jair Bolsonaro y a sectores militares involucrados en el plan antidemocrático que pretendió impedir la victoria y posterior juramentación de Luiz Inácio Lula da Silva. La condena a Eduardo Bolsonaro marca así un nuevo capítulo en la respuesta judicial brasileña frente a la articulación internacional del bolsonarismo.