Una multitud se movilizó este martes 23 de diciembre por las calles de Mendoza para expresar su rechazo a la habilitación de nuevos emprendimientos mineros que, según denuncian, comprometen las fuentes de agua y el equilibrio ambiental de la provincia. La protesta volvió a colocar en el centro de la escena el conflicto entre el avance extractivo y la defensa de los bienes comunes en una región marcada por la fragilidad hídrica.
La manifestación recorrió el centro de la capital provincial hasta llegar a la Casa de Gobierno, con consignas dirigidas al gobernador Alfredo Cornejo. Los participantes reclamaron la anulación de las leyes 9.684 y 9.685, recientemente sancionadas, que habilitan declaraciones de impacto ambiental para la explotación minera en el cerro San Jorge, en la zona de Uspallata, y para cerca de treinta iniciativas extractivas en el departamento de Malargüe.
Asambleas socioambientales provenientes de al menos quince puntos del territorio mendocino confluyeron bajo una consigna unificadora: “el agua no se negocia”. A ellas se sumaron organizaciones sociales y vecinos autoconvocados, lo que dio lugar a una marcha masiva que se extendió por varias cuadras y evidenció un amplio rechazo social a la política minera impulsada desde el Ejecutivo provincial.
La concentración comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana en el Kilómetro Cero, en Plaza Belgrano, y estuvo atravesada por un fuerte contenido simbólico. Durante la jornada se evocó la figura del general José de San Martín y se definió la movilización como una “gesta patriótica por el agua”, en alusión a la defensa del patrimonio natural y del legado histórico de la provincia. Uno de los principales focos de cuestionamiento es el proyecto PSJ Cobre Mendocino, anteriormente conocido como mina San Jorge, que había sido rechazado en 2011 y ahora volvió a recibir aval político pese a los reparos ambientales.
Los manifestantes también reivindicaron la vigencia de la Ley 7722, sancionada en 2007 tras una amplia movilización popular y considerada un emblema de la lucha en defensa del agua en Mendoza. La norma prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio en la minería metalífera. Desde el oficialismo, sin embargo, se sostiene que los químicos previstos en los proyectos —entre ellos el Metil Isobutil Carbinol, el Isobutil Xantato de Sodio, la Poliacrilamida Aniónica y el Óxido de Calcio— no estarían alcanzados por esa prohibición, una interpretación rechazada por las asambleas.
En este contexto, el gobernador Cornejo relativizó el impacto hídrico de la actividad minera y aseguró que el mayor consumo de agua proviene del sector agrícola y del uso residencial. “El problema no es la minería, sino el derroche”, afirmó en declaraciones recientes. Sus dichos generaron un fuerte malestar entre los sectores movilizados, que consideran que esa postura desconoce los riesgos ambientales y el consenso social construido en torno a la protección del agua.
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