La Central Obrera Boliviana (COB) anunció una nueva marcha nacional para el sábado 3 de enero de 2026 y confirmó la continuidad de un paro por tiempo indefinido contra el Decreto Supremo 5503, una norma que modifica los precios de los carburantes y que, según el movimiento sindical, traslada el ajuste a los hogares trabajadores.
La movilización, identificada con la consigna “Bolivia No Se Vende”, partirá desde Calamarca rumbo a La Paz, en la antesala del encuentro previsto entre representantes gremiales y el Ejecutivo. Dirigentes confirmaron que la presión en las calles es parte de una hoja de ruta iniciada el 19 de diciembre, con el objetivo de forzar la anulación del decreto.
El plan incluye la paralización general lunes y martes, con un instructivo de carácter obligatorio para todas las organizaciones afiliadas. La central obrera exige una presencia “disciplinada y combativa”, con símbolos y consignas comunes, y asigna a cada dirección ejecutiva la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las directrices durante todo el recorrido. “Estos principios responden a la tradición histórica del movimiento obrero boliviano”, señaló la COB en un comunicado.
El secretario ejecutivo Mario Argollo defendió el carácter reivindicativo de las medidas y afirmó que buscan resguardar “el futuro de nuestros hijos y nietos”. A la vez, cargó la responsabilidad del endurecimiento del conflicto sobre el Gobierno y lanzó una advertencia: “este decreto pone en venta el país. La historia nos juzgará si no le ponemos un alto a este Gobierno que está rifando nuestro país”.
Desde la conducción sindical también denunciaron una supuesta estrategia oficial de “intimidación”, que incluiría aprehensiones de dirigentes y desalojos “dictatoriales” en espacios de alojamiento, con el fin de desarticular la protesta y desalentar la participación.
Las acciones sumaron gestos de alto impacto simbólico, como huelgas de hambre impulsadas por familiares de trabajadores de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), quienes reclaman la derogación del decreto. “La dirigencia de la COB está del lado de la gente, y pelea por el costo de la canasta familiar. No vamos a ser los cargadores de esta crisis”, expresó una vocera.
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