La organización Yasunidos cuestionó este lunes la cancelación de los partidos Unidad Popular y Construye por parte del Consejo Nacional Electoral de Ecuador y calificó la medida como «irregular». Según el colectivo, la decisión representa un retroceso democrático y una señal preocupante de restricción del pluralismo político en el país.
Desde la organización advirtieron que el caso no puede leerse de manera aislada, sino como parte de un uso creciente de las instituciones para sancionar, disciplinar o limitar a actores críticos. En ese marco, recordaron también sanciones previas contra colectivos sociales, incluida una multa impuesta a la propia Yasunidos, como parte de un patrón más amplio de presión institucional.
En un pronunciamiento difundido el 26 de abril, Yasunidos expresó su preocupación por el rol del organismo electoral, al que acusa de actuar de forma alineada con el Gobierno de Daniel Noboa. La organización señaló que la medida, aprobada por la mayoría del CNE bajo la presidencia de Diana Atamaint, profundiza las dudas sobre la imparcialidad de la autoridad electoral.
La eliminación de Unidad Popular y Construye fue justificada por el CNE bajo el argumento de un presunto incumplimiento de la normativa electoral, vinculado a una drástica reducción de su militancia. Sin embargo, dirigentes de ambas fuerzas han rechazado esa explicación y denunciaron irregularidades en el procedimiento.
En el caso de Unidad Popular, su dirigente Geovanni Atarihuana sostuvo que la decisión fue adoptada «sin argumentos, fuera de tiempo, violando todos los procedimientos, la ley y la constitución». Además, afirmó que la cancelación responde a una orientación política emanada del Gobierno de Noboa.
También desde Construye, su presidente Raúl Iván González cuestionó la veracidad de las cifras de desafiliación presentadas por el CNE. Tanto González como Atarihuana criticaron, además, la falta de notificación adecuada sobre esos datos, lo que, según denuncian, habría afectado el derecho a la defensa de las organizaciones políticas involucradas.
La votación dentro del Consejo Nacional Electoral también quedó envuelta en polémica. En el caso de Unidad Popular, la ausencia del vicepresidente Enrique Pita y de la consejera Esthela Acero derivó en un empate inicial, finalmente resuelto mediante el voto dirimente de la presidenta Diana Atamaint. Ese mecanismo acrecentó las críticas sobre la neutralidad del organismo electoral.
Frente a este escenario, Unidad Popular y Construye anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas organizaciones sostienen que la decisión vulnera derechos políticos fundamentales y afecta las garantías democráticas en Ecuador.
La controversia se produce en un contexto de creciente tensión política, marcado también por la suspensión durante nueve meses de Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición, y por causas judiciales contra otros dirigentes opositores, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
En ese marco, la excandidata presidencial y anterior lideresa de Revolución Ciudadana, Luisa González, difundió este domingo un video en el que anticipó su intención de presentar una candidatura para presidir la Prefectura de Manabí, provincia considerada un bastión histórico de su espacio político. González calificó la suspensión de su movimiento como una «persecución política» del Gobierno de Noboa y acusó al mandatario de amenazar a otras organizaciones para impedir que respalden al colectivo opositor.
Para Yasunidos, el alcance de estas medidas podría exceder a los partidos directamente afectados y proyectarse sobre otros sectores de la sociedad civil. «Hoy se sanciona a organizaciones políticas; mañana puede alcanzar a cualquier expresión ciudadana», advirtió la organización, al alertar sobre un posible efecto expansivo contra actores sociales, movimientos ciudadanos y voces críticas en Ecuador.
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