La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) elevó sus reclamos contra el Gobierno y solicitó un juicio político en la Asamblea Nacional contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el ministro del Interior, John Reimberg, a quienes responsabilizan por la represión registrada durante las recientes movilizaciones del paro nacional.
El movimiento indígena entregó evidencias sobre el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. La tensión en el país se incrementó tras confirmarse el segundo fallecimiento en el marco de las protestas, lo que ha agudizado el debate sobre la actuación del Ejecutivo.
Durante una comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos del Legislativo, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, reiteró que el movimiento indígena no dará marcha atrás en sus demandas. “No declinaremos nuestra lucha”, advirtió, al tiempo que reclamó la liberación de 12 manifestantes detenidos en Otavalo, a quienes calificó como “ciudadanos en resistencia” y no como “terroristas ni vandálicos”.
La Comisión parlamentaria abrió un proceso de fiscalización para indagar los incidentes ocurridos en el paro nacional, convocado en rechazo al Decreto Ejecutivo 126. Esta normativa eliminó los subsidios a los combustibles, fijando el galón de diésel en 2,80 dólares, medida que ha desatado el descontento social. Organizaciones sindicales, campesinas y populares advierten que la decisión impacta directamente en el costo de vida, ya golpeado por la crisis en sectores como salud y educación.
Mientras el Gobierno mantiene su postura en defensa del decreto, las protestas continúan y el país enfrenta un nuevo capítulo de confrontación entre las demandas sociales y las políticas económicas oficiales.
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