España: La presión por la vivienda llega al Congreso tras extenderse las protestas

La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales frentes políticos en España. Este viernes 2 de octubre, el Congreso deberá pronunciarse sobre dos decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez mientras las movilizaciones de inquilinos mantienen la presión en Madrid y otras ciudades del país. La continuidad de las nuevas medidas dependerá ahora de una votación parlamentaria cuyo resultado todavía no está completamente asegurado.

La respuesta del Ejecutivo llegó después de varios días de protestas que tuvieron su principal expresión en la Puerta del Sol. El conflicto tomó impulso a partir del caso de Maricarmen Abascal, una mujer de edad avanzada cuyo desahucio generó una fuerte reacción pública y contribuyó a acelerar las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Desde entonces, la cuestión de la vivienda pasó a ocupar un lugar central en el debate político español.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre dos reales decretos-ley con medidas que afectan directamente al mercado del alquiler. El principal paquete extiende hasta 2030 determinadas protecciones frente al desahucio para hogares vulnerables y contempla una prórroga extraordinaria de dos años para contratos que venzan antes de finales de 2028. También incorpora restricciones a la adquisición de vivienda por determinados fondos de inversión, modificaciones fiscales y nuevas reglas para los alquileres temporales.

Un segundo decreto avanza sobre una de las reivindicaciones más discutidas de las organizaciones de inquilinos. La norma establece mecanismos de renovación automática de los contratos una vez cumplidos los períodos mínimos previstos por la legislación, salvo determinadas excepciones, e introduce compensaciones para los arrendatarios cuando el propietario decida recuperar la vivienda en algunos supuestos. Su aprobación, sin embargo, enfrenta mayores resistencias entre las fuerzas parlamentarias.

Las concesiones gubernamentales no han detenido las protestas. Desde Madrid, las acampadas se han reproducido en distintos puntos del territorio español, con acciones en Cataluña, Andalucía, Galicia, Cantabria, País Vasco, Murcia, Baleares y Canarias. En paralelo, organizaciones vinculadas al movimiento de inquilinos convocaron nuevas movilizaciones para el sábado 3 de octubre y caceroladas frente a ayuntamientos.

El movimiento plantea que las decisiones adoptadas hasta ahora no resuelven los problemas estructurales del mercado inmobiliario. Sindicatos de inquilinos y participantes de las acampadas reclaman medidas de mayor alcance frente al aumento de los alquileres, los desahucios y el peso de la inversión inmobiliaria. En Sol, una parte de los manifestantes decidió mantener la protesta incluso después del anuncio de los decretos, precisamente para condicionar su posterior tratamiento parlamentario.

La batalla se traslada ahora al Congreso. PSOE, Sumar y Podemos respaldan los decretos, aunque con diferencias sobre su alcance. El PNV y Coalición Canaria anunciaron su apoyo al primer paquete y su rechazo al segundo, mientras que Junts todavía no había definido su posición sobre la norma principal este jueves 1 de octubre. El Partido Popular, por su parte, anunció su rechazo y sostiene que este tipo de regulación puede reducir la oferta de alquiler; propone como alternativa ampliar la construcción de viviendas y movilizar suelo.

Más allá del resultado de la votación, las jornadas de protesta muestran hasta qué punto la vivienda se ha transformado en un problema político de alcance nacional en España. Lo que comenzó alrededor de un caso concreto de desahucio derivó en acampadas, manifestaciones y una negociación legislativa acelerada. Con nuevas movilizaciones ya convocadas, la disputa continuará girando en torno a quién debe asumir los costes de la crisis habitacional y qué grado de intervención pública debe aplicarse sobre un mercado sometido a una creciente presión social.