Milei retrocede con la Ley de Tierras

El oficialismo argentino retiró del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que buscaba flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La decisión representa una derrota política para el Gobierno de Javier Milei, que pretendía elevar del 15 al 25 % el límite de extranjerización de la superficie rural tanto a nivel nacional como provincial.

La marcha atrás fue acordada durante una reunión liderada por Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, junto con representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales aliadas. Mediante un comunicado, el oficialismo señaló que el apartado será postergado para «continuar trabajando» en su redacción y «alcanzar un mayor nivel de consenso», mientras buscará aprobar este jueves el resto de la iniciativa.

Detrás del repliegue aparece una creciente movilización social y política contra la reforma. Organizaciones sociales, dirigentes, referentes culturales y artistas convocaron a concentrarse frente al Congreso bajo la consigna «La patria no se vende». El capítulo promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, atravesó al menos dieciséis versiones y cuatro aplazamientos antes de ser finalmente excluido del debate.

La pérdida de apoyos decisivos terminó por frustrar los planes del Ejecutivo. Los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén, y Hugo Passalacqua, de Misiones, pese a su cercanía con la Casa Rosada, anunciaron públicamente que no respaldarían la modificación. También se opusieron integrantes del radicalismo, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, Flavia Royón y gran parte del peronismo, dejando al oficialismo sin los votos necesarios.

«De ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestros activos», advirtió Figueroa durante una actividad en Neuquén. Jaldo, por su parte, afirmó que las inversiones extranjeras pueden ser bienvenidas, pero no deben traducirse en la posibilidad de «apropiarse» de las tierras argentinas. Ni siquiera una última versión, que mantenía la prohibición para Estados extranjeros pero permitía operaciones de empresas con participación estatal foránea bajo autorización oficial, consiguió revertir las resistencias.

El abogado Hernán Diego Asensio cuestionó, además, el fundamento general de la propuesta: «¿Para qué necesitamos una ley llamada inviolabilidad de la propiedad privada? Si el artículo 17 de la Constitución Nacional ya dice desde hace 170 años que la propiedad es inviolable. Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos, porque el verdadero debate no está en el nombre del proyecto, está en todo lo que se modifica detrás de ese nombre».

La legislación actual impide que personas o empresas extranjeras controlen más del 15 % de las tierras rurales del país, de una provincia o de un municipio, y limita a 1.000 hectáreas la propiedad individual extranjera en la zona núcleo agropecuaria. El texto inicial del Gobierno eliminaba ese límite y levantaba restricciones sobre áreas fronterizas y terrenos cercanos a cursos de agua permanentes. Aunque posteriormente se incorporó un techo del 25 %, el rechazo generado por el riesgo de extranjerización y pérdida de soberanía territorial obligó al Gobierno a retirar el capítulo.