El gobierno de Gustavo Petro puso en marcha una respuesta comercial y de seguridad frente a las decisiones adoptadas por Ecuador. El 20 de febrero, el presidente colombiano firmó el Decreto 0170, que fija para las importaciones ecuatorianas un arancel recíproco del 30 por ciento y suma restricciones específicas para el ingreso terrestre de determinadas mercancías, en un giro que combina defensa productiva y control fronterizo.
La norma, difundida oficialmente el lunes y aplicada desde el día siguiente, se inscribe en una escalada que Bogotá atribuye a medidas previas del Ejecutivo ecuatoriano. En la Casa de Nariño lo presentan como una respuesta proporcional, puesto que si Quito encarece bienes colombianos, Colombia replica con un esquema equivalente para resguardar su mercado interno y evitar un desequilibrio que golpee a sectores sensibles.
El impacto, sin embargo, no se reduce a una señal política. El tributo alcanza 23 partidas arancelarias y se desagrega en 73 subpartidas, con un abanico que atraviesa rubros industriales, manufactureros y agrícolas. Entre los productos alcanzados aparecen bienes de alto volumen en el intercambio bilateral, como frutas, aceites, arroz, calzado, papel, tubos metálicos y plásticos, lo que anticipa tensiones en cadenas de abastecimiento y en economías regionales a ambos lados de la frontera.
Además del arancel, el decreto incorpora un capítulo de control aduanero orientado a frenar circuitos ilegales vinculados a drogas sintéticas. La medida prohíbe que ciertos productos y mercancías, que son susceptibles de ser usados para la fabricación de fentanilo, ingresen a través de los pasos fronterizos terrestres de Puerto Asís e Ipiales, reforzando la lectura oficial de que el comercio exterior también debe blindarse frente al avance del narcotráfico.
El endurecimiento se completa con un régimen sancionatorio sin zona gris. La normativa establece que, ante incumplimientos, se procederá a la incautación de la carga y del medio de transporte, con castigos que cierran la puerta a maniobras posteriores. En términos prácticos, el mensaje es que el nuevo esquema no busca solo recaudar, sino elevar el costo del contrabando y de la evasión en un corredor históricamente poroso.
En la justificación política, el Ejecutivo colombiano enmarca el Decreto 0170 en motivos de seguridad nacional y en la necesidad de amortiguar el daño económico provocado por el 30 por ciento aplicado por Ecuador a los productos colombianos desde febrero. Bogotá sostiene que esa decisión es incompatible con los compromisos de la Comunidad Andina y que, lejos de resolver tensiones, las agravó; de ahí que Petro apueste por una respuesta firme que, a la vez, defienda la producción local y recupere capacidad de control estatal en la frontera.
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