Venezuela: la ayuda de EE. UU. contrasta con el control de su riqueza petrolera

La devastación provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio volvió a poner sobre la mesa una contradicción que trasciende la emergencia humanitaria. Estados Unidos movilizó más de 300 millones de dólares en asistencia para atender a las poblaciones afectadas, pero lo hizo al mismo tiempo que mantiene una posición determinante sobre recursos petroleros venezolanos cuyo valor supera ampliamente esa cantidad. De este modo, la ayuda anunciada por Washington representa apenas una fracción de la riqueza venezolana que permanece condicionada por decisiones tomadas fuera del país.

El impacto material de los sismos ofrece una dimensión de la magnitud del desafío. Una evaluación del Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos, mientras miles de viviendas, instalaciones públicas y redes de infraestructura quedaron destruidas o seriamente comprometidas. Para septiembre, el número de fallecidos ya superaba los 6.500, en una tragedia que mantiene a amplios sectores de la población dependiendo de asistencia humanitaria y de programas de reconstrucción de largo plazo.

Washington presentó su despliegue como una de las mayores operaciones estadounidenses de respuesta ante desastres naturales de los últimos años. El paquete supera los 300 millones de dólares e incluye fondos destinados a alimentación, salud, refugios, agua y saneamiento, además de recursos canalizados mediante Naciones Unidas y organizaciones humanitarias. Sin embargo, esa asistencia adquiere otra dimensión cuando se la compara con el manejo de la principal fuente de riqueza de Venezuela: su petróleo.

Desde comienzos de 2026, Estados Unidos amplió de manera significativa su influencia sobre la comercialización y los flujos financieros asociados al crudo venezolano. El propio Departamento del Tesoro creó en enero un marco específico destinado a resguardar y administrar ingresos procedentes del petróleo del país, mientras acuerdos posteriores otorgaron a Washington capacidad de supervisión sobre determinados flujos financieros y participación directa en nuevos emprendimientos energéticos. A comienzos de septiembre, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, confirmó que Washington mantendría control sobre el flujo de fondos derivado de uno de esos acuerdos petroleros.

La paradoja resulta todavía más evidente al incorporar el efecto acumulado de las sanciones. De acuerdo con una estimación del Instituto Tricontinental de Investigación Social, las medidas coercitivas impulsadas por Estados Unidos entre enero de 2017 y diciembre de 2024 habrían significado para Venezuela unos 226.000 millones de dólares en ingresos petroleros perdidos, equivalentes a aproximadamente 77 millones de dólares diarios durante ese período. Las sanciones financieras contra Caracas comenzaron a endurecerse particularmente desde agosto de 2017 y posteriormente se extendieron a activos estatales, operaciones financieras y al sector petrolero.

Vista desde esta perspectiva, la transferencia de 300 millones de dólares para enfrentar las consecuencias del terremoto representa una porción mínima frente al volumen de recursos del que Venezuela dejó de disponer durante años y frente a los ingresos petroleros cuya utilización continúa sometida a mecanismos establecidos por Washington. La cuestión, por tanto, no reside en negar la utilidad inmediata de la asistencia —indispensable para miles de damnificados—, sino en señalar la contradicción de una política que primero restringe la capacidad económica de un país y posteriormente presenta una cantidad considerablemente menor como expresión de solidaridad humanitaria.

El caso venezolano expone además una cuestión que afecta al conjunto de América Latina: la utilización simultánea de sanciones, control financiero, acceso a recursos estratégicos y asistencia económica como instrumentos de política exterior. Bajo una retórica de cooperación y estabilización, Washington conserva herramientas capaces de condicionar las decisiones económicas de los Estados de la región y de reforzar relaciones profundamente asimétricas. La reconstrucción de Venezuela se convierte así en algo más que una respuesta frente a una catástrofe natural: plantea nuevamente la disputa por la soberanía sobre los recursos latinoamericanos y la necesidad de que la región pueda definir colectivamente mecanismos capaces de limitar ese tipo de presiones externas.