La liturgia compartida

Cambian las fechas, cambian los edificios, cambian los signos ideológicos. La coreografía es la misma. En Chile es el 1 de junio, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, ante el Congreso Pleno. En Argentina es el 1 de marzo, ante la Asamblea Legislativa reunida en el recinto del Senado. En Uruguay, el presidente se presenta ante la Asamblea General, como lo establece el numeral quinto del artículo 168 de la Constitución. En México es el 1 de septiembre, el día que se abre el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Cuatro países con sistemas políticos, tradiciones institucionales y gobiernos de orientaciones muy distintas, celebrando esencialmente el mismo rito con distintos calendarios.

Esa coincidencia no es casualidad ni copia. Es herencia. El presidencialismo latinoamericano nació con la obligación constitucional de que el jefe del Ejecutivo comparezca ante el Legislativo a dar cuenta del estado de la nación, y ese mandato republicano, pensado como un mecanismo de control entre poderes, se transformó con el tiempo en una ceremonia de consagración del poder ejecutivo. Es la misma pieza, ejecutada al revés: lo que debía ser el momento en que el presidente se somete se convirtió en el momento en que el presidente se exhibe.

El caso mexicano es el ejemplo más nítido de esa deriva. Durante casi nueve décadas, el día del informe fue conocido popularmente como el Día del Presidente. Se cerraban calles, se organizaba una caravana, el mandatario pronunciaba un discurso interrumpido solo por aplausos y volvía a Palacio Nacional a saludar desde el balcón a una multitud congregada en el Zócalo. Tras años de confrontaciones en el Congreso, la reforma constitucional de 2008 eliminó la obligación del presidente de asistir a la apertura de sesiones y dejó como único requisito la entrega del documento escrito. Es decir, cuando el mecanismo empezó a funcionar como control real, con interrupciones y réplicas incómodas, se optó por eliminar la comparecencia en lugar de institucionalizar el debate. Es una decisión que retrata mejor que cualquier análisis la relación entre poderes en la región.

Los contrastes actuales son igual de reveladores. En Argentina, el discurso de apertura se trasladó del mediodía tradicional al horario estelar de la noche, transmitido por cadena nacional, con una duración que en su edición más reciente superó las dos horas y con enfrentamientos abiertos con legisladores de oposición durante la exposición. En Chile, la Cuenta Pública mantiene el formato diurno y la comparecencia ante el Congreso Pleno, con una expectativa ciudadana medible: una encuesta previa registró cincuenta y siete por ciento de interés declarado. En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi planteó su comparecencia como un acto de responsabilidad ante quien delega el poder y explicó que acudía a reafirmar un rumbo antes que a enumerar acciones. En México, la entrega del informe se combina este año con una gira por las treinta y dos entidades y con una glosa desplegada secretaría por secretaría en la conferencia matutina.

Puestos uno junto a otro, estos formatos permiten leer algo que los discursos no dicen. Donde existen contrapesos efectivos, el acto conserva fricción: hay interrupciones, hay réplica, hay costo por decir cosas que no se sostienen. Donde los contrapesos se han debilitado, el acto se vuelve liso, sin resistencia, un monólogo con aplausos programados. El diseño de la ceremonia no es un asunto de protocolo; es un termómetro. Un informe que nadie puede contradecir describe un sistema donde nadie puede contradecir.

Hay un segundo elemento común, menos comentado y más incómodo. En casi toda la región, el destinatario real del informe no es la ciudadanía. Son los mercados, las calificadoras, las embajadas, los organismos multilaterales, la prensa internacional y las propias élites políticas nacionales. El ciudadano no es el interlocutor: es el escenario, el fondo humano que da legitimidad a la escena. Por eso los informes están saturados de indicadores macroeconómicos y agregados nacionales que resultan indescifrables para quien los escucha desde su casa. No es un error de redacción; es una definición de audiencia.

La consecuencia es una paradoja democrática que atraviesa a América Latina. El único acto del año diseñado explícitamente para que el poder se explique ante la sociedad es, en la práctica, un acto donde la sociedad no participa, no pregunta y en muchos casos ni siquiera se entera. La forma sigue existiendo; la función se vació.

Recuperarla no exige reformas espectaculares. Exige devolverle al acto lo que le fue quitado: la posibilidad real de la contradicción. Mientras la comparecencia siga siendo una liturgia sin réplica, seguirá midiendo el poder del presidente en turno y no la salud de la democracia que dice representar.