Uruguay volvió a marchar contra la impunidad y exigió abrir los archivos de la dictadura

Montevideo y distintas ciudades del interior uruguayo fueron escenario este miércoles de una nueva movilización masiva para reclamar verdad, memoria y justicia por las víctimas de la última dictadura cívico-militar, que gobernó el país entre 1973 y 1985. Miles de uruguayos y uruguayas salieron a las calles para exigir la desclasificación de los archivos que aún podrían contener información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

La convocatoria correspondió a la 30ª edición de la Marcha del Silencio, organizada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Como cada 20 de mayo, la movilización rindió homenaje a los 205 uruguayos y uruguayas desaparecidos y volvió a reclamar respuestas concretas sobre su paradero.

A medio siglo de los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, los manifestantes recordaron los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw, así como la desaparición forzada de Manuel Liberoff, ocurridos en territorio argentino en 1976. Bajo la consigna «30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?», la marcha volvió a interpelar al Estado uruguayo.

Desde las calles Rivera y Jackson hasta la Plaza Cagancha, la tradicional caminata exigió al Poder Ejecutivo que disponga la apertura definitiva de todos los archivos militares. La demanda apuntó especialmente a la información que, según los organismos de derechos humanos, continúa oculta en dependencias de las Fuerzas Armadas.

También participaron jóvenes de distintas fuerzas políticas nucleadas en la Juventud Interpartidaria, integrada por representantes del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Su presencia buscó expresar un homenaje transversal a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso democrático con la memoria histórica.

En ese marco, Madres y Familiares insistió en que el Poder Ejecutivo, como mando superior de las Fuerzas Armadas, cuenta con las facultades legales e institucionales para exigir la entrega de toda la documentación aún retenida. “Son 81 los casos que aún continúan en estudio y que reafirman la dolorosa convicción de que el terrorismo de Estado ejerció su oscuro accionar sobre todo nuestro pueblo, dentro y fuera de fronteras”, señaló la organización.

Desde el Frente Amplio, en tanto, remarcaron la vigencia del reclamo a treinta años de la primera Marcha del Silencio. “a tres décadas de aquella primera marcha, seguimos reclamando verdad, memoria y justicia. La dictadura cívico-militar dejó una herida profunda en nuestra sociedad: 205 uruguayas y uruguayos que permanecen desaparecidos, y sus familias continúan esperando respuestas”.