Argentina: el arribo de un petrolero británico a Ushuaia enciende la disputa entre Nación y la provincia

El amarre del buque VS Promise, de bandera del Reino Unido, en el puerto de la capital fueguina se convirtió en el detonante de un nuevo capítulo de confrontación entre el gobierno de Tierra del Fuego y la administración central. La embarcación petrolera operó en una terminal que, según recordaron desde el Ejecutivo provincial que conduce Gustavo Melella, “fue intervenida por el Gobierno nacional” y cuya legalidad “fue judicializada y espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia”. Precisamente esa intervención, dispuesta a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es el eje sobre el cual gira ahora el reclamo fueguino.

“Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen”, expresa el comunicado oficial del gobierno provincial. El texto, que repudia y rechaza enérgicamente la operación del navío, subraya la contradicción que advierten entre el discurso soberano del Gobierno nacional y sus acciones concretas una vez que asumió el control del puerto.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, calificó el episodio como “un hecho inédito” en declaraciones radiales. El funcionario informó que el buque ya partió de Ushuaia y que “aparentemente su destino final es Estados Unidos”, pero puso el foco en el contexto geopolítico: recordó que la presencia del petrolero se da “en un momento en el que se están rematando 38 hectáreas de la Armada” y mencionó el antecedente del HMS Medway, un buque de guerra británico que atravesó el Mar Argentino con destino a Punta Arenas, Chile, ante lo cual la Cancillería “recién presentó una queja diez días después del hecho”.

La administración fueguina fue contundente al señalar la paradoja que, a su juicio, envuelve toda la situación. “Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales”, planteó el texto oficial. Y añadió: “En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular”.

Más allá del hecho puntual, Dachary amplió el marco de análisis al vincularlo con otras acciones de la administración de Javier Milei. Mencionó “la instalación de un radar de capitales británicos en Tierra del Fuego” y recordó que “hace dos años el Presidente estuvo acá prometiendo una base junto a los Estados Unidos”. También alertó sobre el inminente inicio de “tareas de exploración para la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas” a cargo de una petrolera israelí. En ese contexto, el secretario fueguino sentenció: “Nosotros sabíamos desde un principio que si el país había elegido a un Presidente que su ídola era Margaret Thatcher esto no iba a terminar bien”.

El reclamo formal del gobierno provincial incluye dos exigencias concretas al Poder Ejecutivo nacional. Por un lado, “que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial”. Por el otro, exige “el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto”, sin perjuicio de las acciones judiciales que ya han sido promovidas contra una medida que consideran ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.

El comunicado finaliza con una declaración de principios que resume la postura de la provincia: “La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo”. Con esa advertencia, el gobierno fueguino convoca a todos los poderes públicos y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del puerto de Ushuaia, mientras la Corte Suprema aún no se ha expedido sobre la legalidad de la intervención nacional.