El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condenó la decisión de EEUU de duplicar a 50 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro. La medida, anunciada por autoridades estadounidenses a pocos meses después de su juramentación, fue calificada por Caracas como un acto de injerencia directa y propaganda electoral.
El canciller venezolano, Yván Gil, señaló que esta acción forma parte de un “montaje mediático” destinado a distraer a la opinión pública norteamericana y a deslegitimar el proceso democrático venezolano. “Se trata de una operación política que viola el derecho internacional y busca generar inestabilidad en nuestra nación soberana”, afirmó.
Las autoridades venezolanas recordaron que las acusaciones de narcotráfico y terrorismo carecen de sustento jurídico y que han sido utilizadas de manera recurrente por Washington como herramienta de presión contra gobiernos que no se alinean con sus intereses.
En enero, tras la juramentación de Maduro, la Casa Blanca ya había endurecido sanciones contra funcionarios venezolanos, imponiendo restricciones de visa y sanciones financieras, en lo que el Ejecutivo venezolano describe como un “bloqueo criminal” que afecta directamente al pueblo.
Diversos analistas en Caracas consideran que esta nueva escalada responde más a la agenda política interna de EEUU, marcada por un año electoral y por la necesidad de mostrar una postura dura hacia América Latina, que a un interés genuino en combatir el crimen transnacional.
Nicolás Maduro fue electo por el voto del pueblo venezolano, y su legitimidad no la define Washington, sino nuestra Constitución y nuestros ciudadanos, subrayaron fuentes del Gobierno.
Con este nuevo episodio, la relación entre Caracas y Washington continúa en un punto de tensión máxima, mientras el gobierno bolivariano reafirma que seguirá defendiendo su soberanía y el derecho de su pueblo a decidir su propio destino, sin tutelajes externos.
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