La neutralización de una lancha rápida procedente de Florida, con diez hombres armados a bordo, no fue el cierre del episodio sino el inicio de una segunda fase, la diplomática. Este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, amplió la información oficial y subrayó que, junto a la respuesta operativa en el terreno, La Habana activó los canales de interlocución con Washington para encuadrar el caso en los mecanismos bilaterales existentes.
Según precisó el funcionario, desde el momento en que las autoridades cubanas confirmaron el origen estadounidense de la embarcación, se abrió comunicación con el Departamento de Estado y con el Servicio de Guardacostas. En ese marco, Cuba notificó lo sucedido y anticipó que solicitará datos sobre los implicados, el medio utilizado y otros elementos necesarios para esclarecer responsabilidades y reconstruir la ruta del operativo frustrado.
Fernández de Cossío sostuvo que esa gestión se realizará “mediante los mecanismos bilaterales vigentes” y agregó que, en la primera respuesta, Washington mostró disposición a cooperar. En este sentido, ante un hecho de extrema gravedad, la isla no se limita a denunciar, sino que exige información verificable y trazabilidad institucional, como corresponde a un Estado que actúa dentro del derecho y defiende su soberanía.
Lo incautado en la embarcación, además, confirma que no se trataba de una aventura temeraria sino de una operación organizada. Entre el material ocupado figuran fusiles de asalto y de francotirador, pistolas, “cócteles molotov”, equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas, ropa de camuflaje, municiones de distintos calibres, raciones de combate, medios de comunicación y monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista. La escena describe un plan de agresión, no una travesía improvisada.
Del grupo de diez hombres, cuatro murieron: Manuel Ortega Casanova, Ledian Padrón Guevara, Héctor Dani Cruz Correa y Pavel Alin Peña. Los seis detenidos, de acuerdo con la información oficial, son Christian Ernesto Acosta Guevara, Con Ramos Galindo, Sergio José Manuel Rodríguez Castelló, Leonán Cruz Gómez, Mijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila, mientras avanzan las diligencias para completar el cuadro del hecho y sus conexiones.
En paralelo, el viceministro corrigió un error difundido en el reporte inicial, puesto que Rolando Roberto Azcorra, mencionado por equivocación, no integró el grupo. Aun así, se señaló que “tiene, sin embargo, antecedentes vinculados a acciones violentas contra Cuba”, una precisión que busca despejar confusiones sin diluir el punto central: la amenaza no surge del vacío, sino de un historial de agresiones que La Habana viene denunciando desde hace décadas.
En esa misma línea, el presidente Miguel Díaz-Canel respaldó la actuación de las fuerzas de seguridad en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, y reafirmó el derecho de Cuba a la “legítima defensa” frente a agresiones “terroristas y mercenarias”. Con más de seis décadas de denuncias sobre acciones promovidas desde territorio estadounidense —según sostiene La Habana—, Fernández de Cossío remarcó que lo ocurrido “no es un hecho aislado”, y lo encuadró como parte de una presión persistente que Cuba enfrenta sin renunciar ni a su seguridad ni a su palabra diplomática.
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