Argentina: Milei busca disciplinar la Justicia con jueces afines en puestos clave

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles el nombramiento de 28 magistrados y representantes del Ministerio Público, en una nueva etapa de su avance sobre la conformación del Poder Judicial. Las designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y profundizan una política que ya acumula decenas de incorporaciones en juzgados, cámaras y fiscalías.

La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, y tendrá continuidad durante los primeros días de agosto. La Comisión de Acuerdos del Senado tiene previsto analizar otros 25 pliegos entre el 4 y el 5 de ese mes. De acuerdo con el argumento oficial, el propósito es comenzar a reducir el elevado número de cargos vacantes, que alcanza aproximadamente a una cuarta parte de la estructura judicial.

Cinco de los nombramientos corresponden a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, uno de los organismos que podría verse afectado por los planes de reorganización promovidos por el Ejecutivo tras la aprobación de la Reforma Laboral. Entre los casos que despertaron mayor atención aparece el de Víctor Pesino, cuya continuidad por otros cinco años fue autorizada un día después de que revocara una resolución que impedía aplicar la nueva normativa laboral.

La nómina para el fuero del trabajo también incluye a Marina Edith Pisacco, pareja del periodista Adrián Ventura; Diego Fernando Manauta, quien anteriormente se desempeñó como asesor del Grupo Techint; Claudio Fabián Loguarro; María Claudia Jueguen; y Diego Javier Tula. Desde sectores críticos señalan que varias de estas trayectorias presentan vínculos o coincidencias con intereses empresariales y con la orientación política de la Casa Rosada.

Otra designación relevante fue la de Juan Tomás Rodríguez Ponte, durante años secretario del juez Ariel Lijo, quien quedará al frente del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora. En ese tribunal se tramita la causa que involucra al exfuncionario Martín Insaurralde y a Jesica Cirio. El paquete de nombramientos alcanzó, además, a distintas jurisdicciones provinciales, donde las decisiones son leídas como parte de los acuerdos que el Gobierno mantiene con mandatarios del interior.

Los movimientos actuales se agregan a incorporaciones anteriores que también generaron cuestionamientos. Entre ellas se encuentran las de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y Ana Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, magistrado que interviene en la investigación por el caso $LIBRA, en el que Milei aparece imputado.

En paralelo, el Poder Ejecutivo remitió al Senado las candidaturas de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar lugares en la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal determinante en causas de corrupción y expedientes de alto impacto político. En sentido contrario, resolvió no renovar la continuidad del camarista Martín Irurzun, conocido por haber formulado la denominada «Teoría del Poder Residual».

La aceleración de los nombramientos se produce mientras el oficialismo intenta consolidar su agenda de reformas y garantizar que las leyes recientemente aprobadas superen futuras disputas judiciales. Para la oposición, el procedimiento revela una selección basada en cercanías políticas y relaciones personales, debido a la ausencia de concursos públicos en varios de los cargos cubiertos.

Más allá del argumento relacionado con la necesidad de reducir vacantes, la distribución de magistrados en fueros sensibles muestra que el Gobierno busca ganar influencia en espacios decisivos para su programa económico, laboral e institucional. La disputa por la composición de los tribunales se convierte así en otra dimensión central del proyecto de poder de Milei.