El pueblo ecuatoriano volvió a hablar en las urnas y lo hizo con claridad. Este domingo, la ciudadanía rechazó de forma contundente el paquete de reformas impulsado por el presidente Daniel Noboa, que incluía —entre otros puntos— la autorización para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional.
El resultado representa un duro revés político para el mandatario conservador, de 37 años, quien se ha alineado abiertamente con la agenda geopolítica de Washington y del presidente estadounidense Donald Trump. Para la mayoría de la población, las propuestas no solo atentaban contra la soberanía nacional, sino que abrían la puerta a un ciclo de tutelaje militar que América Latina ya conoce demasiado bien.
Un referendum sobre el rumbo del país
Lejos de ser un paquete técnico de reformas, la votación se transformó en un referendo sobre la conducción política de Noboa. Las medidas incluían recortes al financiamiento de partidos, la reducción del tamaño del Congreso y la creación de una Asamblea Constituyente para reescribir la Carta Magna.
Para muchas personas, estos puntos revelaban un intento de concentración del poder. Rosita Guichimillo, una trabajadora del hogar de 48 años residente en Quito, lo expresó sin rodeos mientras votaba bajo la llovizna capitalina:
“Si él reescribe la Constitución, lo hará para servirse a sí mismo… y arruinar aún más al país”.
La preocupación por la deriva autoritaria pesó tanto como la defensa de la soberanía. El rechazo a permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras fue decisivo en sectores amplios de la población, incluidos aquellos que históricamente han apoyado la cooperación internacional pero no la subordinación militar.
Un país golpeado, pero no dispuesto a renunciar a su soberanía
Es cierto que Ecuador enfrenta una situación de violencia extrema. Las disputas entre bandas locales, articuladas con carteles internacionales, han hecho estragos en varias ciudades costeras, con picos de homicidios que figuran entre los más altos del mundo. Familias enteras y comunidades de pescadores han quedado atrapadas entre la extorsión y la cooptación criminal.
La ubicación estratégica del país —entre Colombia y Perú, mayores productores mundiales de cocaína— lo ha convertido en un corredor clave para el tráfico hacia EEUU y Europa. Sin embargo, la ciudadanía ecuatoriana volvió a recordar que la lucha contra el crimen no puede servir de excusa para entregar el territorio a potencias extranjeras.
Una campaña marcada por gestos de alineamiento con Washington
Durante semanas, Noboa insistió en que la presencia militar extranjera era indispensable para “fortalecer” a las fuerzas de seguridad. La administración estadounidense respaldó abiertamente esa posición.
La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, visitó Ecuador dos veces este año ofreciendo cooperación en inteligencia. En su última estadía, incluso recorrió junto al mandatario una antigua base militar norteamericana en la costa del Pacífico y compartió actividades protocolares a caballo, un gesto que para muchos simbolizó una preocupante naturalización de la injerencia extranjera.
Pero la ciudadanía no compró el guion. El voto popular dejó claro que Ecuador no está dispuesto a repetir los viejos libretos de intervención militar que tanto daño han causado en la región. El rechazo masivo a la instalación de bases militares envía un mensaje inequívoco: la seguridad no puede construirse a costa de la soberanía, y mucho menos con recetas impuestas desde Washington.
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