El plan del presidente para expulsar migrantes choca con tribunales, tratados y gobiernos de la región
Seis meses después de volver a la Casa Blanca, Donald Trump enfrenta serios obstáculos en la implementación de una de sus promesas estrella: las deportaciones exprés de migrantes centroamericanos. Aunque la nueva administración ha intensificado los operativos migratorios en la frontera sur, los intentos de realizar expulsiones masivas a países como Guatemala, El Salvador y Honduras están topando con un muro legal y diplomático.
Cortes federales ya han bloqueado varios decretos ejecutivos por considerarlos contrarios a los derechos fundamentales y al debido proceso.
A la vez, a excepción del Gobierno de Bukele en El Salvador, los gobiernos centroamericanos han manifestado su negativa a recibir deportados sin un marco legal claro, alegando que esas políticas violan tratados internacionales y podrían generar inestabilidad interna.
Desde el terreno, ONG y defensores de los Derechos Humanos reportan deportaciones caóticas, sin información ni garantías, y denuncian un aumento en las violaciones a los derechos de niños y solicitantes de asilo.
“Trump gobierna como si estuviera aún en campaña, pero las leyes internacionales siguen vigentes”, declaró una abogada de inmigración en Washington.
Pese al discurso de “tolerancia cero”, la maquinaria legal, diplomática y social está demostrando que las fronteras no son solo físicas. Trump puede estar de vuelta en la Casa Blanca, pero su guerra contra los migrantes no avanza sin resistencia.
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