El mapa productivo argentino se achica a un ritmo acelerado desde el cambio de signo político en la Casa Rosada. Entre fines de 2023 y octubre de 2025, más de 21 mil empresas con personal registrado dejaron de operar, lo que implica la desaparición de alrededor de treinta empleadores por día. La dinámica no aparece como un daño colateral del ajuste, sino como una consecuencia previsible del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La contracción empresarial vino acompañada de una fuerte poda del empleo formal. En menos de dos años se eliminaron 272.607 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, una merma cercana al 3 por ciento del total. Desde el inicio de la actual gestión, esto equivale a la pérdida de casi 400 empleos formales diarios, según surge de los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.
El retroceso no responde a una crisis imprevista, sino a una orientación ideológica explícita. El Gobierno nacional decidió correrse de cualquier estrategia de desarrollo productivo y redujo la política económica a la disciplina fiscal y monetaria. Bajo ese paradigma, se descartó la intervención estatal como herramienta para sostener la industria, las pymes y el empleo, y se avanzó en el desarme de áreas específicas que cumplían ese rol.
En esa lógica se inscriben el cierre de la Secretaría Pyme, la eliminación de programas de financiamiento productivo y el abandono de políticas públicas que históricamente funcionaron como red de contención en contextos recesivos. Sin obra pública, con tasas elevadas y consumo deprimido, miles de firmas quedaron libradas a un escenario adverso, sin respaldo estatal ni instrumentos que amortigüen el impacto del ajuste.
Los datos sectoriales confirman que el deterioro fue generalizado. La cantidad total de empleadores cayó de más de 512 mil a poco más de 492 mil en el período analizado. Transporte y almacenamiento encabezó la retracción, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, actividades profesionales e industria manufacturera. La construcción y el agro también registraron caídas relevantes, en línea con la paralización de proyectos y la pérdida de dinamismo económico.
El recorte tuvo además un correlato directo en el Estado. La administración pública, la construcción y la industria concentraron buena parte de los puestos de trabajo destruidos. A esto se sumó el ajuste presupuestario sobre organismos estratégicos como el INTI, el INTA y el Conicet, claves para la innovación y el desarrollo tecnológico. El saldo no es solo menos empleo, sino un debilitamiento estructural de las capacidades productivas del país, con efectos que difícilmente se reviertan en el corto plazo.
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