Patagonia en llamas: comunidades al frente mientras el ajuste del Gobierno deja al Estado fuera del territorio.

El avance del fuego en la Patagonia vuelve a dejar al descubierto una escena que se repite con crudeza, comunidades enteras organizándose para enfrentar una emergencia mientras el Estado nacional permanece ausente. En el noroeste de la provincia de Chubut, brigadas autoconvocadas y vecinos se ubicaron en la primera línea contra los incendios forestales, cubriendo con esfuerzo colectivo los vacíos que deja la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Según datos oficiales y relevamientos territoriales, los principales focos activos ya devastaron alrededor de 21.000 hectáreas. El incendio más grave se originó en Puerto Patriada y se propagó rápidamente hacia zonas cercanas a El Hoyo y Epuyén, donde el fuego consumió unas 13.600 hectáreas de bosque, plantaciones y pastizales, además de provocar la destrucción de viviendas e infraestructura comunitaria. Frente a ese escenario, bomberos voluntarios y brigadistas trabajan en condiciones extremas, acompañados por habitantes que se suman sin descanso.

Desde el territorio, Andrea Bayllet, integrante de la Brigada Kumé Che y parte de la red de brigadas autoconvocadas de la Comarca Andina, describió el origen de esta respuesta colectiva. “Esto se trata de la respuesta inmediata que tiene la comunidad sobre lo que está aconteciendo”, señaló, al explicar que vecinos y vecinas cumplen tareas tanto en el frente del fuego como en la asistencia directa a quienes lo combaten, ante la falta de una acción estatal eficaz.

Bayllet subrayó que no se trata de una situación excepcional ni aislada. “Venimos trabajando desde el incendio anterior tanto en el combate como en la reconstrucción de viviendas”, afirmó, y advirtió sobre el agotamiento físico y emocional que atraviesa la comunidad. En ese marco, reclamó que “necesitamos la solidaridad de los vecinos y también el reconocimiento de las autoridades, que dicen que está todo contenido cuando en realidad somos nosotros y nosotras quienes hace ocho días estamos dejando el cuerpo y la cabeza para sostener esto que es una catástrofe”.

El trasfondo de la emergencia remite a decisiones políticas concretas. Desde el inicio de la actual gestión nacional, el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió un recorte real superior al 70%, dejando a brigadistas y cuarteles con recursos insuficientes y condiciones de trabajo cada vez más precarias. A esto se suma una investigación periodística que reveló que el gobierno provincial mantiene retenidos 600 mil dólares destinados a programas de prevención, fondos clave que nunca llegaron al territorio.

Lejos de asumir esa responsabilidad, la Casa Rosada y el gobernador Ignacio Torres optaron por instalar un discurso punitivo, centrado en la figura de un supuesto enemigo externo. Esa narrativa, basada en acusaciones sin pruebas, busca correr el foco del desfinanciamiento y la falta de prevención. En ese marco, comunidades mapuche del Puel Mapu denunciaron un “desalojo a punta de fuego” y repudiaron la hipótesis de “terrorismo ambiental” impulsada desde el Ministerio de Seguridad, recordando que los pueblos originarios son los primeros en perder casas, animales y bosques nativos frente al avance de las llamas.