El discurso del fraude: cómo el vacío de información se convierte en narrativa

*Por Helios Ruiz

Presidente de ACEIPOL

Hay un principio básico en comunicación política que demasiadas instituciones democráticas siguen ignorando con consecuencias devastadoras: la naturaleza aborrece el vacío, y en política ese vacío siempre lo llena quien tiene más interés en llenarlo. Perú lo acaba de demostrar otra vez, con una precisión casi didáctica. Y lo que ocurrió allí el 12 de abril de 2026 no es una excepción ni una anomalía: es el manual, repetido capítulo por capítulo, de cómo se destruye la confianza en una elección sin necesidad de que haya fraude alguno.

Los hechos fueron relativamente simples. La Oficina Nacional de Procesos Electorales instaló el 99.8% de las mesas programadas a nivel nacional, y la participación ciudadana superó el 81%, uno de los índices más altos en comparación con las últimas dos elecciones presidenciales. Pero en 13 locales de Lima, por fallas logísticas en el despliegue de materiales, 55,261 electores no pudieron ejercer su derecho el día establecido. Eso es una falla operativa. Es grave, es inaceptable, y merece respuesta institucional. Pero no es fraude. El problema es que nadie se encargó de explicar esa diferencia con la velocidad y la claridad que la ciudadanía necesitaba.

La estrategia del JNE fue separar las irregularidades logísticas, que sí admitían, de la existencia de un fraude, que descartaban tajantemente. Pero con el torpe manejo logístico de la ONPE, difícilmente se lograría convencer a la ciudadanía de que “ineficiencia” no es lo mismo que “fraude”. Y ahí, en ese espacio de confusión, entró quien siempre entra: el político con micrófono y sin resultados favorables. Rafael López Aliaga exigió la captura inmediata del jefe de la ONPE y amenazó con activar una figura constitucional de insurgencia civil si no se declaraba la nulidad del proceso. El escándalo estaba servido. Las redes sociales hicieron el resto.

Lo que ocurrió en Perú no es un fenómeno peruano. Es el mismo patrón que se ha repetido en Brasil en 2022, en Estados Unidos en 2020, en México en elecciones recientes, y que amenaza con reproducirse en cualquier democracia donde las instituciones electorales no comprendan que hoy la comunicación de crisis es tan importante como la administración del voto. Las acusaciones de fraude han dejado de ser simples reclamos específicos para transformarse en narrativas globales diseñadas para desacreditar los resultados electorales en su conjunto, utilizadas como herramienta política para movilizar bases de apoyo y desafiar la legitimidad de un gobierno electo, incluso en ausencia de evidencia sustancial.

La diferencia entre una falla técnica que se gestiona y una crisis narrativa que se desborda no depende solo de lo que pasa, sino de quién habla primero y con qué claridad. La Misión de Observación de la OEA advirtió con preocupación cómo la desorganización de la ONPE fue aprovechada para alimentar narrativas de fraude desde sectores políticos. La OEA lo vio venir. La institución no lo previno. Ese es el problema de fondo: los organismos electorales de la región siguen pensando que su trabajo termina en la urna y que la verdad institucional se defiende sola. No se defiende sola. Nunca lo ha hecho.

La evidencia sugiere que las alegaciones sistémicas y poselectorales, especialmente aquellas promovidas por actores con alta capacidad organizacional, producen el mayor impacto en la erosión de la confianza democrática. Esto tiene una consecuencia práctica para cualquier comunicador que trabaje en contextos electorales: la narrativa del fraude no se combate después de que aparece. Se combate antes, con información abundante, clara y anticipada. Se combate durante, con voceros institucionales que entiendan que en una democracia polarizada cada hora de silencio es una hora que trabaja para quien quiere desestabilizar. Y se combate después, con datos, con transparencia y con la humildad de reconocer errores operativos sin que eso signifique validar mentiras sistémicas.

El verdadero escándalo de Perú no son las 187 mesas que no abrieron. El verdadero escándalo es que en 2026, después de 2021, después de todo lo que se vio y documentó, las instituciones electorales siguen sin entender que la democracia tiene dos frentes: el de las urnas y el de las narrativas. Y que perder el segundo puede ser tan peligroso como perder el primero.