En la noche del miércoles, diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron una escalada de represión brutal contra estudiantes universitarios en Ecuador, en el marco del paro nacional que persiste desde hace más de tres semanas contra las políticas del presidente Daniel Noboa.
El contexto del paro y las movilizaciones
El estallido social comenzó tras la eliminación del subsidio al diésel, medida impulsada por el Ejecutivo de Noboa que elevó el precio de ese combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Esta decisión generó rechazo entre comunidades indígenas, transportistas, campesinos y estudiantes, quienes consideran que la medida golpea directamente los sectores más vulnerables del país.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha liderado las protestas, exigiendo no sólo la reversión del ajuste, sino también una agenda más amplia de reformas sociales, protección ambiental, apertura al diálogo y rechazo a la criminalización de la protesta. El Gobierno, por su parte, ha respondido con el despliegue de fuerzas de seguridad y el uso del estado de excepción en múltiples provincias.
Estudiantes bajo asedio: denuncias desde la Universidad Central
Una de las denuncias más alarmantes proviene de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que aseguró:
“En la Universidad Central se está viviendo una represión desmedida. Exigimos que las Fuerzas armadas y la policía deje salir a los estudiantes que se encuentran sitiados en la Universidad.”
Inredh además denunció que se viola la autonomía universitaria, y que las brigadas médicas estudiantiles están siendo atacadas con fuego directo, mientras estudiantes y manifestantes son perseguidos dentro y fuera de los recintos universitarios.
Estas acusaciones coinciden con los reportes de varios medios locales que confirmaron el ingreso de la fuerza pública dentro de zonas universitarias, así como disparos —presuntamente con arma de fuego— contra quienes brindaban auxilio médico. La invasión de espacios universitarios, de confirmarse, representa una seria violación al principio de autonomía que rige esas instituciones.
Tres muertos y el uso letal de la fuerza
La Confederación Indígena aseguró que ya son tres los manifestantes asesinados durante las acciones represivas del gobierno de Noboa. En su comunicado, la CONAIE identificó al comunero José Guamán como una de las víctimas mortales, quien habría recibido un disparo en el pecho durante operaciones militares-policiales en la localidad de Otavalo, provincia de Imbabura. También se mencionó el caso de Efraín Fuérez, líder indígena kichwa cuyo nombre se ha convertido en símbolo de la resistencia.
Organismos de Derechos Humanos también alertan que convoys militares habrían ingresado a hospitales y centros de salud en Imbabura para detener a heridos durante las protestas, y que en algunos casos se habría ordenado al personal médico negarse a atender o informar a la Policía sobre los pacientes. Estas acciones vulnerarían no solo derechos básicos de salud sino tratados internacionales sobre protección humanitaria.
Críticas al Estado: uso desproporcionado, criminalización y ausencia de diálogo
Las denuncias acumuladas plantean un patrón que podría interpretarse como represión de Estado: uso excesivo de la fuerza, ataques directos a estudiantes y manifestantes, encierros dentro de recintos universitarios, e incluso la militarización de hospitales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reaccionado al contexto con llamados urgentes al gobierno ecuatoriano para que entable un diálogo inclusivo, proteja el derecho de protesta pacífica y evite nuevas violaciones a derechos humanos. También ha pedido investigaciones imparciales e inmediatas contra quienes resulten responsables.
El propio gobierno de Noboa ha intentado presentar algunos episodios —como el ataque a su caravana presidencial— como actos de terrorismo o intentos de asesinato, para justificar su mano dura. Por ejemplo, el 7 de octubre fue atacado el convoy presidencial en la provincia de Cañar, con impactos atribuibles a proyectiles, según el EjecutivoDesde su punto de vista, esas acciones son parte de una estrategia deliberada para desestabilizar al gobierno.
Pero este argumento no exime al Estado de su obligación de investigar con transparencia y proporcionalidad. Que existan actos violentos aislados —si es que los hay— no justifica la criminalización masiva de las protestas ni el uso indiscriminado de armas contra manifestantes, tal como lo advierten las normas internacionales de derechos humanos.
Una prueba de fuego para la democracia ecuatoriana
El uso excesivo de la fuerza contra estudiantes, el asesinato de manifestantes y la violación de espacios universitarios plantean una prueba grave para el Estado ecuatoriano bajo el mandato de Daniel Noboa. Lo que está en juego es mucho más que una disputa económica, es la legitimidad del poder, la vigencia de derechos fundamentales y la integridad del sistema democrático.
Si el Gobierno insiste en reprimir antes que dialogar, la crisis política y social puede profundizarse, sembrando heridas difíciles de cicatrizar. En cambio, una salida democrática exige que Noboa asuma responsabilidad política, frene los operativos violentos, permita la libertad de protesta y abra la mesa de diálogo con todas las fuerzas del país.
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