La pobreza volvió a escalar en Perú hasta alcanzar al 27,6 % de la población, una marca que devuelve al país a registros similares a los de 2011 y borra buena parte de los avances sociales acumulados durante más de una década. La advertencia fue difundida por la Red de Estudios para el Desarrollo, que puso el foco en la transformación de este fenómeno y en las limitaciones de las respuestas estatales para contenerlo.
Uno de los elementos centrales del diagnóstico es que la pobreza actual ya no responde al mismo patrón que predominaba años atrás. “La pobreza de hoy ya no es la de hace quince años: es más compleja, más urbana y más persistente”, afirmó el economista Oswaldo Molina, fundador de Redes. A continuación, remarcó que “el Estado sigue respondiendo con herramientas diseñadas para otra realidad, lo que reduce la efectividad de las políticas y nos impide dar el siguiente salto”.
Detrás de ese cambio aparece con fuerza el peso de las ciudades. En el ámbito urbano, explicó Molina, la pobreza adopta una “naturaleza distinta”, marcada por la informalidad laboral, una inserción frágil en el mercado de trabajo y un costo de vida más alto. A diferencia de lo que ocurre en muchas zonas rurales, en las ciudades también son más débiles las redes de contención vinculadas a la agricultura familiar o a la organización comunitaria.
El deterioro actual, además, representa un fuerte quiebre respecto del camino que Perú había transitado en años anteriores. De acuerdo con los datos citados en el informe, el país había logrado reducir la pobreza desde un 59 % en 2004 hasta su piso más bajo en 2019, en un proceso que permitió que cerca de diez millones de personas dejaran atrás esa condición.
Sin embargo, la irrupción de la pandemia alteró de manera profunda esa trayectoria. Según advirtió Redes, la covid-19 interrumpió la tendencia descendente y, desde entonces, los indicadores no han conseguido recuperar el dinamismo que caracterizó a los años previos al shock sanitario y económico.
Ante este panorama, la propuesta del economista apunta a una agenda de fondo que supere el alcance de las transferencias monetarias. Entre los ejes mencionados aparecen la formalización del empleo, una mayor articulación entre periferias urbanas y centros económicos, la ampliación del acceso a servicios básicos y el fortalecimiento de la capacidad estatal para actuar frente a nuevas crisis con “mecanismos más ágiles y sistemas de información más robustos”. Para Molina, ese rediseño solo podrá sostenerse junto con un “crecimiento económico sostenido”.
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