Fuerte rechazo de Cuba por la “expulsión injustificada” de su personal diplomático en Ecuador

La ofensiva diplomática lanzada por el Gobierno de Ecuador contra Cuba abrió un nuevo foco de tensión en la región. La Habana reaccionó este miércoles con una condena frontal luego de que Quito declarara persona non grata a su embajador, Basilio Antonio Gutiérrez García, y dispusiera además la expulsión de todo el personal diplomático, consular y administrativo cubano en el país andino.

Desde la Cancillería cubana, la respuesta no dejó margen para ambigüedades. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la decisión “en los términos más enérgicos” y denunció que se trata de una medida “arbitraria e injustificada”. También cuestionó el ultimátum de 48 horas impuesto para abandonar territorio ecuatoriano, al considerar que no existe ningún sustento serio que explique una decisión de semejante magnitud.

Según la lectura de La Habana, lo ocurrido no responde a un hecho aislado ni a un diferendo estrictamente bilateral. El Minrex enmarcó la decisión ecuatoriana en un escenario de creciente presión internacional contra la isla y señaló las “fuertes presiones” ejercidas desde Washington sobre otros gobiernos para profundizar el cerco político contra Cuba. En esa dirección, la proximidad de una cumbre convocada en Miami para el 7 de marzo aparece como un elemento revelador del contexto en que se produce esta maniobra.

En uno de los pasajes más duros del pronunciamiento, el Gobierno cubano sostuvo que “se trata de un acto sin precedentes que demuestra el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional”. La formulación no solo refleja la gravedad que La Habana atribuye al episodio, sino que además coloca a Quito en el terreno de una conducta excepcionalmente agresiva dentro de las relaciones entre Estados.

A modo de respuesta política y jurídica, Cuba remarcó que sus representantes en Ecuador actuaron siempre con apego a las normas internacionales. La declaración oficial reafirma que el personal acreditado respetó lo establecido en la Convención de Viena de 1961, así como las leyes y reglamentos del país anfitrión, sin interferir en los asuntos internos ecuatorianos. Bajo esa premisa, la expulsión aparece como una represalia sin base legal ni diplomática.

Mientras tanto, diversas voces alertan que este paso del gobierno ecuatoriano no solo golpea el vínculo con Cuba, sino que también afecta la arquitectura regional construida en torno a la soberanía y la cooperación entre países del Sur. Para varios analistas, detrás de esta medida se perfila una estrategia orientada a vaciar los espacios de integración latinoamericana y reemplazarlos por alianzas subordinadas a prioridades de seguridad dictadas desde fuera de la región.

Lo más grave del caso es el alcance total de la resolución adoptada por Quito. No se trata de una sanción puntual ni de una disputa acotada, sino de la expulsión integral de toda la representación cubana. Ese carácter extremo convierte la decisión en un quiebre inédito en la diplomacia latinoamericana reciente y expone a Ecuador como un actor cada vez más dispuesto a plegarse a la agenda de hostilidad impulsada contra Cuba.