Rosario bajo controles migratorios: la sombra del ICE de Trump llega al debate argentino

La imagen de agentes federales deteniendo personas en plena vía pública para comprobar su situación migratoria, habitual en las postales más duras de la política antiinmigratoria de Estados Unidos, tuvo este martes una versión argentina en el centro de Rosario. Personal de la Dirección Nacional de Migraciones, acompañado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), desplegó un amplio operativo en la zona de San Luis y San Martín, con controles dirigidos especialmente hacia ciudadanos extranjeros y comercios administrados por migrantes.

El procedimiento evocó inevitablemente el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, el ICE, convertido durante los gobiernos de Donald Trump en uno de los principales símbolos de su ofensiva contra la inmigración. Sin tratarse de organismos equivalentes ni de marcos legales idénticos, la escena rosarina se inscribe en un clima político reconocible: la construcción del extranjero como objeto prioritario de vigilancia, una retórica que distintas expresiones de la derecha internacional han colocado en el centro de sus agendas de seguridad y control social.

Desde el mediodía, vehículos oficiales ocuparon las inmediaciones de Plaza Montenegro y decenas de agentes comenzaron a recorrer las calles céntricas solicitando documentación. Parte de la peatonal San Martín fue vallada y, de acuerdo con la información difundida durante el procedimiento, alrededor de 60 efectivos llegaron desde Buenos Aires para participar de los controles. Las autoridades adelantaron además que podrían repetirse operativos similares en otros puntos de Rosario durante la semana.

La fiscalización no quedó limitada a quienes caminaban por la zona. Agentes de Migraciones ingresaron también a establecimientos comerciales atendidos o gestionados por extranjeros, entre ellos un bazar de propietarios chinos ubicado en las inmediaciones de San Juan y San Martín. Al menos tres ciudadanos chinos fueron trasladados a una dependencia federal para que las autoridades verificaran su documentación y su situación migratoria. Desde el operativo se sostuvo que las actuaciones se encuentran contempladas dentro de las facultades establecidas por la Ley 25.871.

La fuerte presencia policial despertó inquietud entre vecinos y comerciantes que se acercaron para conocer los motivos del despliegue. Algunos cuestionaron que el control estuviera particularmente concentrado en ciudadanos extranjeros ya integrados a la vida cotidiana del barrio. Para sectores críticos de estas políticas, este tipo de intervenciones corre el riesgo de trasladar al espacio público una lógica de sospecha basada en el origen nacional, en sintonía con discursos que presentan a la inmigración como amenaza antes que como fenómeno social.

El contexto político reforzó esa lectura. El operativo tuvo lugar el mismo día en que el Gobierno de Javier Milei anunció nuevas condiciones para el acceso de extranjeros sin residencia permanente a hospitales dependientes del Estado nacional. La disposición, vinculada a las modificaciones introducidas mediante el DNU 366 a la legislación migratoria, establece que los no residentes deberán afrontar el costo de determinadas prestaciones médicas, ya sea mediante sus seguros de salud o a través del pago directo.

Aunque la medida sanitaria se aplica inicialmente a cinco hospitales nacionales de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y no modifica de manera directa la atención en Rosario, su coincidencia con los controles callejeros refleja un endurecimiento más amplio de la política migratoria. La emergencia médica seguirá siendo atendida con independencia del estatus migratorio y quienes tengan residencia permanente conservarán el mismo acceso que los ciudadanos argentinos. Sin embargo, la combinación de controles de documentación, vigilancia sobre comercios y restricciones en servicios públicos acerca el debate argentino a una tendencia internacional que tuvo en el ICE de Trump su expresión más visible: convertir la inmigración en un terreno privilegiado para las políticas punitivas de la derecha.