Palantir y América Latina: cuando la inteligencia artificial se convierte en una herramienta de poder

La expansión de empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, la vigilancia y la seguridad plantea un dilema que América Latina todavía parece mirar de costado: quién controla los datos, quién define los algoritmos y qué ocurre cuando la tecnología privada comienza a ocupar funciones estratégicas del Estado. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, aparece como uno de los principales laboratorios de esta nueva disputa.

La discusión sobre la inteligencia artificial en América Latina suele presentarse como una carrera por la innovación, las inversiones y la modernización del Estado. Pero detrás de esa narrativa existe otra batalla, menos visible y potencialmente mucho más trascendente, que es la disputa por el control de los datos y por la capacidad de utilizar herramientas tecnológicas para anticipar, clasificar y eventualmente intervenir sobre el comportamiento de sociedades enteras.

En ese escenario aparece Palantir Technologies, la compañía estadounidense cofundada por Peter Thiel, uno de los principales exponentes de la nueva élite tecnológica norteamericana.

Palantir no es una empresa de inteligencia artificial convencional. La propia compañía reconoce que sus plataformas son utilizadas por agencias de inteligencia para integrar grandes volúmenes de información, incorporar fuentes como imágenes y videos en tiempo real y aplicar inteligencia artificial y aprendizaje automático sobre esos datos.

En el ámbito militar, su propuesta es todavía más explícita. Palantir afirma que sus sistemas están desplegados en prácticamente todas las áreas de misión del Ejército estadounidense y que permiten integrar información para acelerar la toma de decisiones operativas.

Es precisamente esa combinación entre datos, inteligencia artificial, seguridad y poder militar la que debería generar una discusión política mucho más profunda en América Latina.

Argentina como puerta de entrada

La llegada de Peter Thiel a Argentina y sus contactos con el gobierno de Javier Milei colocaron al país en el centro de esta discusión.

La Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes describió el acercamiento entre Thiel y el gobierno argentino como una relación que trasciende los negocios y que plantea interrogantes sobre el vínculo entre tecnología, democracia y control de datos.

La preocupación no surge únicamente de la ideología de Thiel. También deriva de la naturaleza de las herramientas desarrolladas por Palantir y del papel que la propia empresa reconoce para sus plataformas en los ámbitos de inteligencia, defensa y seguridad.

Thiel, además, no es un empresario neutral frente a la política. En un ensayo publicado en 2009 sostuvo explícitamente: “ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. La afirmación forma parte de un texto en el que cuestionaba la relación entre democracia, libertad individual y economía.

La frase tiene más de una década, pero adquiere una nueva dimensión cuando se observa la expansión de empresas tecnológicas capaces de procesar enormes cantidades de información y convertirlas en instrumentos de decisión.

El problema, por tanto, no consiste en que un empresario tenga determinadas ideas políticas. El problema aparece cuando esas ideas conviven con tecnologías capaces de otorgar a empresas privadas capacidades que históricamente estuvieron reservadas a los Estados.

El dato como nuevo territorio estratégico

La experiencia europea muestra que el asunto tampoco es una discusión exclusivamente latinoamericana. Según la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, Alemania, Dinamarca, Francia y Suiza han cuestionado, limitado o decidido abandonar determinadas soluciones de Palantir, mientras otros países europeos discuten la continuidad de contratos con la compañía. Las razones invocadas incluyen soberanía digital, seguridad nacional y control de los datos.

Francia, por ejemplo, anunció inversiones para desarrollar capacidades propias de inteligencia artificial ante la preocupación de depender tecnológicamente de compañías extranjeras. Dinamarca también trabaja en alternativas nacionales para reducir esa dependencia.

La paradoja es evidente, puesto que mientras determinados países desarrollados comienzan a preguntarse si resulta prudente entregar información estratégica a empresas extranjeras, algunos gobiernos latinoamericanos parecen competir por atraerlas ofreciendo las menores restricciones posibles.

Argentina se presenta así como un caso particularmente significativo. La política de desregulación impulsada por Milei puede convertir al país en un terreno especialmente atractivo para grandes empresas tecnológicas estadounidenses. La pregunta es qué precio tendrá esa apertura cuando lo que está en juego no son solamente inversiones o puestos de trabajo, sino información sobre ciudadanos, instituciones, movimientos sociales y capacidades estatales.

Del algoritmo al control social

Aquí aparece la cuestión más delicada. La inteligencia artificial no solamente permite automatizar tareas. También puede encontrar patrones, establecer relaciones entre millones de registros, clasificar individuos y anticipar determinados comportamientos. Eso puede tener aplicaciones legítimas en seguridad, salud, administración pública o defensa. Pero la misma capacidad puede convertirse en una herramienta de vigilancia si no existen controles democráticos, judiciales y parlamentarios suficientemente fuertes.

La Agencia de Noticias Científicas de la UNQ recoge precisamente esa preocupación al analizar el posible impacto de estas tecnologías sobre la privacidad y el control social. El peligro no es necesariamente una sociedad en la que una computadora “vigila” a cada ciudadano. Puede ser algo mucho más sofisticado: una infraestructura capaz de cruzar información financiera, migratoria, sanitaria, policial, laboral, territorial y comunicacional para construir perfiles y detectar patrones que luego orienten decisiones del Estado.

En ese modelo, el ciudadano deja de ser solamente un individuo protegido por derechos y pasa a convertirse también en un conjunto de datos procesables. Ese cambio merece una discusión política.

América Latina no puede convertirse en un laboratorio

La preocupación adquiere una dimensión regional porque América Latina tiene una posición particularmente vulnerable dentro de la economía mundial de los datos. Los grandes centros tecnológicos están fundamentalmente en Estados Unidos, China y, en menor medida, Europa. La región posee enormes cantidades de información, pero tiene una capacidad mucho menor para desarrollar infraestructura tecnológica propia y controlar las plataformas que procesan esos datos.

La dependencia tecnológica puede terminar reproduciendo la vieja relación centro-periferia bajo una nueva forma. Antes se exportaban materias primas. Ahora también se pueden exportar datos.Y mientras las materias primas eran visibles —petróleo, minerales, soja, litio— los datos circulan silenciosamente por servidores, nubes y plataformas cuyo funcionamiento muchas veces resulta incomprensible para el ciudadano común e incluso para buena parte de los Estados.

Por eso el debate sobre Palantir debería ser también un debate sobre soberanía. No se trata de rechazar la inteligencia artificial ni de caer en una tecnofobia simplista. Tampoco de asumir que toda empresa estadounidense vinculada a la tecnología representa automáticamente una amenaza.

La discusión seria es otra: ¿qué datos se entregan?, ¿quién puede acceder a ellos?, ¿dónde se almacenan?, ¿qué algoritmos los procesan?, ¿quién audita esos algoritmos?, ¿qué autoridad puede impedir un uso indebido y qué mecanismos existen para que un ciudadano conozca cómo fue clasificado por un sistema?

Son preguntas elementales en cualquier democracia moderna.

La tecnología no es neutral

Palantir sostiene públicamente que su tecnología permite mejorar las capacidades de defensa y seguridad de Estados Unidos y sus aliados. La empresa reivindica su trabajo con fuerzas armadas y agencias de inteligencia como parte de una estrategia para fortalecer esas capacidades. Precisamente por eso resulta ingenuo analizar su expansión exclusivamente desde la lógica comercial.

Palantir es también un actor dentro de una determinada concepción del poder tecnológico. La propia compañía ha defendido la necesidad de que Silicon Valley participe activamente en la defensa estadounidense y ha planteado que la competencia tecnológica tiene una dimensión estratégica y militar.

Eso no convierte automáticamente a Palantir en una organización antidemocrática. Pero sí obliga a mirar sus operaciones desde una perspectiva política y geopolítica, y no solamente empresarial. Porque cuando una compañía participa simultáneamente en inteligencia, defensa, análisis de datos e inteligencia artificial, sus herramientas dejan de ser simples productos informáticos. Se convierten en infraestructura de poder.

El verdadero debate

La discusión que comienza a abrirse en América Latina no debería ser si Palantir es “buena” o “mala”. Esa simplificación no alcanza. El verdadero debate es si los Estados latinoamericanos están preparados para negociar con empresas tecnológicas que pueden tener capacidades económicas, técnicas e informacionales superiores a las de muchas instituciones públicas. La pregunta tampoco debería ser únicamente cuánto dinero puede generar una inversión, debería ser cuánto poder se está transfiriendo.

Argentina puede convertirse en un caso testigo. La relación entre Milei y Thiel muestra una convergencia entre una política de fuerte desregulación y una élite tecnológica estadounidense que entiende la innovación como una herramienta de poder estratégico. El desafío para el resto de América Latina es no confundir modernización con dependencia.

La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria para ampliar capacidades públicas., pero también puede convertirse en una infraestructura invisible de vigilancia y concentración de poder. En última instancia, la discusión sobre Palantir no es una discusión tecnológica, es una discusión sobre democracia. Porque cuando una sociedad entrega sus datos, no está entregando simplemente información. Está entregando una parte de su capacidad para decidir quién sabe qué, quién puede anticipar qué y, eventualmente, quién tiene el poder de decidir sobre los demás.