Bolivia en tensión: advierten una insurgencia si detienen a Evo Morales

Tras la decisión judicial adoptada en Tarija, el dirigente cocalero boliviano Dieter Mendoza advirtió este lunes que una eventual aprehensión del expresidente Evo Morales (2006-2019) podría derivar en una insurgencia y agravar la convulsión política en Bolivia. La reacción se produjo después de que un tribunal declarara en rebeldía al exmandatario y emitiera una orden de captura en su contra, dentro de un juicio por presunta trata de personas agravada, causa que Morales y su defensa califican como persecución política.

En medio del clima de tensión social, Mendoza afirmó en declaraciones a radio Kawsachun Coca que una detención del líder indígena y sindical provocaría la adhesión de distintos sectores sociales a las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos campesinos. Esas organizaciones mantienen bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Con un mensaje dirigido especialmente a las bases del Trópico de Cochabamba, el dirigente lanzó una advertencia directa: «Si tocan a Evo Morales, esto va a convulsionar. El país va a convulsionar como no se imaginan, va a haber insurgencia en el territorio nacional de Bolivia«. Además, pidió a las organizaciones de esa región permanecer en alerta máxima y sostenerse en pie de lucha.

Desde el ámbito judicial, el Tribunal de Sentencia Primero de Tarija resolvió declarar en rebeldía a Morales luego de que no asistiera a la audiencia de juicio oral prevista para el caso. Ante la ausencia del exmandatario y de sus abogados particulares, la instancia determinó suspender el proceso hasta que comparezca ante la justicia o se concrete la orden de aprehensión.

Según informó la Fiscalía de Tarija, la defensa privada no presentó justificativos por la inasistencia, por lo que fueron designados abogados de defensa pública para asistir al exgobernante. A su vez, Wilfredo Chávez, exprocurador y parte del equipo jurídico de Morales, cuestionó el procedimiento al sostener que el expresidente no fue notificado personalmente, sino mediante edicto, lo que —según planteó— invalida el inicio del juicio oral y constituye un vicio de fondo.

Bajo resguardo de sectores campesinos, Morales permanece actualmente en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical. Autoridades policiales han advertido sobre el riesgo de enfrentamientos si se intenta ingresar a esa región para ejecutar la orden judicial. En paralelo, Cindy Saraí Vargas Pozo, identificada por la Fiscalía como presunta víctima, presentó un memorial ante el Juzgado Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Tarija para solicitar el cierre de la causa. En ese documento afirmó: “No soy víctima, no existió hecho, como tampoco existió explotación”.

De acuerdo con el planteo de Vargas Pozo, el delito de trata de personas no puede configurarse si ella niega la existencia de vulneraciones. También denunció presuntas irregularidades procesales, entre ellas la falta de notificaciones y la apertura del juicio sin resolver excepciones legales previas. El avance del proceso en Tarija ocurre en un escenario de alta polarización, mientras Morales insiste en que enfrenta una ofensiva judicial y política que se suma a otras investigaciones difundidas por medios locales, orientadas —según denuncia— a vincularlo con supuestos hechos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos.