Perú: la democracia como fe de erratas

*Por Bárbara Ester

El 12 de abril, los peruanos acudieron a las urnas para elegir entre 35 candidatos en un escenario marcado por una anomalía persistente desde 2016: ningún presidente electo ha terminado su mandato sin ser destituido por el Congreso. Esta vez, las primeras víctimas no fueron los fantasmas de la violencia política, sino trece colegios electorales que no abrieron sus mesas en Lima Metropolitana. Más de 63.000 ciudadanos no pudieron votar y la jornada debió extenderse hasta el lunes siguiente. La fragilidad institucional ya no sorprende. Lo nuevo es que tampoco indigna.

En ese contexto, el candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien finalmente quedó en tercer lugar, llamó a la “insurgencia civil” y a “incendiar la pradera”. Exigió la detención del jefe de la ONPE y pidió la nulidad de los comicios sin presentar pruebas, ofreciendo incluso 20.000 soles a quien pudiera aportarlas. Empresario, miembro del Opus Dei desde joven y figura de la ultraderecha, no logró movilizar apoyo significativo. Su radicalización discursiva, sin embargo, contribuyó a erosionar la confianza en el proceso electoral.

Consultada sobre un eventual balotaje, Keiko Fujimori afirmó que preferiría enfrentarlo. La razón es estratégica antes que ideológica: ante López Aliaga podría correrse al centro y mostrarse como opción institucional frente al extremismo. Ese escenario hubiera significado la primera vez que el cordón sanitario no se despliega como freno al fujimorismo. Aunque se presentan como rivales, comparten base electoral en Lima. Que López Aliaga instale denuncias sin sustento resulta funcional al fujimorismo, al profundizar el descrédito del sistema sin comprometer directamente a Keiko.

La encuesta a boca de urna de Ipsos anticipó el resultado con mayor precisión: ubicó a Fujimori en primer lugar y a Roberto Sánchez en segundo. Con más del 97% de actas procesadas, la tendencia se confirma, con una diferencia estrecha entre el segundo y el tercero¹. Sánchez remontó desde el cuarto lugar impulsado por el voto del sur andino, replicando el patrón que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. La segunda vuelta fue fijada para el 7 de junio, adelantada respecto al 15 inicialmente previsto, para compensar los retrasos.

Fujimori alcanza así su cuarta candidatura presidencial consecutiva. Perdió los balotajes de 2011, 2016 y 2021. Esta vez hay una diferencia estructural: en 2011 y 2021 ingresó en segundo lugar, y solo fue la más votada en 2016, cuando enfrentó a un exbanquero octogenario que también la derrotó. Ahora entra primera, pero en un escenario tan atomizado que ese liderazgo dice menos de su fortaleza que de la debilidad del sistema: sumados los votos de Fujimori y Sánchez, no superan el 30% del electorado.

Perú tendrá por primera vez desde 1990 un Congreso bicameral, tras la restitución del Senado eliminado durante el autogolpe de Alberto Fujimori —paradoja que nadie subraya demasiado—. La Cámara Alta recupera funciones clave: revisión de leyes, aprobación de reformas constitucionales y ratificación de autoridades. En el Senado la tendencia apunta a una división en dos mitades: fujimorismo y López Aliaga de un lado; Sánchez y la centroizquierda del otro. En Diputados, la centroizquierda concentraría 74 de las 130 bancas. El próximo gobierno deberá gobernar con ese Congreso o contra él.

En el plano social, la desigualdad sigue siendo el eje estructurante. Perú figura entre los países con mayor concentración de ingresos en el 0,1% más rico. Esa brecha se expresa en el clivaje urbano-rural y en la distinción cholo-blanco que desde Toledo hasta Castillo ha organizado la competencia política.

Las protestas del sur en 2022 —con más de 60 muertos por la represión estatal— en defensa del presidente depuesto consolidaron esa división y convirtieron a Castillo en símbolo de un Perú marginado por las élites limeñas. Ese capital simbólico sigue vigente. Varios candidatos propusieron su indulto durante la campaña. Roberto Sánchez se presentó como “castillista” y prometió su liberación. Su crecimiento electoral confirma la vigencia del voto del sur, decisivo para su pase al balotaje. En la víspera de la elección, incluso desayunó en el penal junto a Pedro Castillo. Ningún candidato con aspiraciones nacionales puede ignorar ese espacio político.

Las primeras encuestas de segunda vuelta muestran un empate técnico. El antivoto a Fujimori sigue siendo alto, aunque ha disminuido, mientras que el rechazo a Sánchez ha crecido. Esto plantea una incógnita: si el rechazo responde a su programa o al temor de un nuevo bloqueo político en caso de que el fujimorismo pierda. La experiencia reciente condiciona la percepción de los votantes.

El malestar ciudadano tiene números. Según el informe del IEP sobre política y democracia de marzo de 2026, el 72% de los peruanos califica la situación política como mala o muy mala —treinta puntos más que en 2021—, el 74% considera que la sucesión de ocho presidentes en diez años dañó la democracia y solo el 16% está satisfecho con su funcionamiento. El principal problema que señala el 41% no es la corrupción ni la política: es la inseguridad. Para calibrar la profundidad, el IEP comparó la crisis actual con otros momentos históricos: el 34% la considera más grave que el terrorismo, la hiperinflación o la pandemia. Otro 34% la equipara. La baja confianza en las instituciones no es coyuntural: es acumulativa, y los números lo confirman.

Keiko Fujimori apuesta por la polarización izquierda-derecha que hasta ahora siempre la ha derrotado. Sánchez necesita crecer en Lima, donde el 33% del padrón lo ve como extraño. Ambos llegan al balotaje en una democracia que se ha mantenido viva a pura fe de erratas: cediendo lo justo para no ceder lo esencial. El 7 de junio el resultado está abierto: o gana el cambio, o gana la continuidad fujimorista que ha signado el Perú durante 35 años: desde el poder o desde los poderes fácticos, pero siempre presente.

Bárbara Ester es licenciada y profesora de Sociología por la UBA, con Diplomatura en Género, Movimiento de Mujeres y Política (FFyL), Maestría en Gobierno (UBA) y Maestría en Tecnologías del Marketing y la Comunicación Política (USC). Analista política especializada en América Latina, sus trabajos sobre Perú abordan los ciclos electorales, la crisis de representación y las fracturas sociales del mundo andino. Ha colaborado con Tiempo Argentino, CELAG y otros medios de la región.

1 https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/presidenciales