México despliega fuerzas federales en Chilapa tras violencia y desplazamientos en Guerrero

Tras varios días de bloqueos, enfrentamientos y desplazamientos forzados, el Gobierno federal de México y las autoridades estatales de Guerrero asumieron este martes el control operativo de la zona de Chilapa. La Secretaría de Gobernación informó que el diálogo fue restablecido, lo que permitió el ingreso de fuerzas federales y estatales al corredor comunitario con el objetivo de contener el conflicto y recuperar la paz en la región.

Con un amplio dispositivo de seguridad, fueron movilizados 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 integrantes de la Guardia Nacional con 50 unidades y 200 agentes de la Policía Estatal con 34 vehículos. El operativo incluyó además cinco helicópteros, ambulancias y personal médico destinado a asistir a las comunidades afectadas, principalmente Alcozacán y Coatzingo.

Ante la emergencia humanitaria, las autoridades entregaron alimentos, atención médica y apoyo básico a familias que abandonaron sus viviendas tras sufrir agresiones de grupos rivales. Según la información oficial, 120 personas desplazadas rechazaron ser trasladadas a albergues y decidieron permanecer en sus comunidades, por lo que recibieron colchonetas, cobertores, víveres y generadores eléctricos.

Mientras el reporte oficial confirmó seis personas lesionadas atendidas en hospitales del sistema IMSS-Bienestar, medios locales que citan testimonios de pobladores desplazados informaron un saldo más grave, con tres personas fallecidas, 15 desaparecidas y centenares de habitantes obligados a dejar sus hogares. Durante la tarde, la Comisión Federal de Electricidad restableció el servicio eléctrico, lo que permitió recuperar también la telefonía y la conexión a internet.

Luego de varios días de incomunicación parcial, las fuerzas de seguridad desbloquearon la carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera, así como caminos secundarios que habían permanecido cerrados. Paralelamente, funcionarios de la Secretaría de Gobernación mantuvieron conversaciones con representantes de los grupos enfrentados para insistir en la necesidad de restablecer la estabilidad social y evitar una escalada mayor.

Desde Chilpancingo, capital de Guerrero, comenzó a operar un Centro de Mando encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó la violencia en las comunidades nahuas de la Montaña baja a una disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos.

Frente a esa versión oficial, Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, sostuvo que no se trata de una confrontación entre bandas delictivas, sino de una ofensiva criminal contra comunidades indígenas para forzar su desplazamiento. En la coordinación del operativo participan también César Yáñez, subsecretario de Gobernación; Daniel Ledesma, secretario de Seguridad de Guerrero; Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; mandos militares, navales, de la Guardia Nacional y representantes de la Fiscalía General de la República.