Bolivia: Presidente Paz reconoce su vínculo con Cerimedo durante la campaña y el Gobierno

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rompió este miércoles su silencio de más de dos semanas y reconoció públicamente que Fernando Cerimedo colaboró en su campaña electoral y en los primeros meses de su Gobierno, aunque negó que existiera un contrato formal, una relación directa o autorización para que el asesor argentino representara oficialmente a la Presidencia. La declaración, difundida en un video a través de redes sociales, se produce en un contexto de creciente presión política y judicial, luego de que Cerimedo fuera detenido por el ataque contra su expareja, la abogada Nadia Beller, ocurrido el 17 de agosto.

“Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral”, afirmó Paz en su mensaje. El mandatario admitió además que el asesor argentino “cooperó al inicio de nuestro Gobierno”, pero precisó que “su constancia en el gobierno de Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar”, justificando de este modo la interrupción del vínculo. Hasta antes de esta intervención, Paz había guardado silencio absoluto desde el día del ataque contra Beller.

El presidente fue enfático al descartar cualquier tipo de acuerdo escrito o nombramiento oficial, y sostuvo que “nunca hubo un contrato ni una relación directa como la que se puede llevar adelante con un ministro”. Sin embargo, diversos analistas políticos han señalado que la ausencia de un contrato no impide que un asesor informal ejerza influencia sobre las decisiones del Ejecutivo, y han cuestionado la falta de controles internos que permitieron que Cerimedo tuviera acceso al entorno presidencial sin un respaldo institucional claro.

En otro tramo de su mensaje, Paz insistió en que Cerimedo carecía de facultades para actuar en nombre del Estado y afirmó textualmente: “El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”. El mandatario remarcó que la representación oficial del Ejecutivo corresponde exclusivamente a quienes poseen un mandato institucional y subrayó que “no hay asesores principales”, en un intento por despejar las sospechas sobre el grado de influencia que el estratega argentino pudo haber tenido dentro de su administración.

Luego de abordar el tema de su relación con Cerimedo, el presidente se refirió a su perfil personal y aseguró ser un hombre “de familia”, con “valores cristianos” y que “cree en la patria”. “Por eso no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestras formas de convivencia y comportamiento”, agregó Paz. Este giro en su discurso ha sido interpretado por algunos sectores como un intento por recomponer su imagen pública frente al desgaste político que el escándalo ha generado en las últimas semanas.

El jefe de Estado aseguró además que su administración garantiza “la transparencia de los procesos de investigación (en el caso) no sobre escándalos sino sobre pruebas”, y sentenció: “El escándalo no es una prueba”. Confirmó también que solicitó a la Policía Nacional que realice “todas las investigaciones pertinentes” sobre el ataque contra Beller, y cerró su intervención con un llamado a “la unidad de los bolivianos”. No obstante, organizaciones de derechos humanos han recordado que el Poder Ejecutivo no debe interferir en las investigaciones judiciales y que la transparencia exige información periódica y verificable, más allá de declaraciones políticas.

Las declaraciones de Paz generaron reacciones encontradas en el arco político del país. Mientras sectores de la oposición calificaron el reconocimiento como tardío e insuficiente y exigieron conocer los detalles de la colaboración de Cerimedo, incluidos los posibles pagos o contraprestaciones, los círculos oficialistas defendieron la postura del presidente al considerar que ya ha brindado las explicaciones necesarias. Fuentes cercanas a la investigación judicial señalaron que la declaración presidencial no altera el curso del proceso penal contra Cerimedo, aunque sí coloca en el centro del debate público los límites entre el asesoramiento privado y la representación oficial en la alta política boliviana.