Lo que comenzó como un asunto técnico de límites fluviales se ha convertido en un pulso diplomático de alto voltaje entre Colombia y Perú. La disputa por la Isla Santa Rosa, una formación reciente en el Amazonas no contemplada en los tratados de 1922 ni 1934, ha puesto a prueba las relaciones bilaterales justo cuando la presidenta peruana, Dina Boluarte, enfrenta uno de sus momentos más críticos de popularidad.
El presidente colombiano Gustavo Petro acusó al Gobierno peruano de “copar un territorio que es de Colombia” y de violar el Protocolo de Río de Janeiro. Para Bogotá, Santa Rosa es un espacio no asignado cuya soberanía debe definirse en diálogo binacional, no por legislación unilateral.
Lima respondió con firmeza. Boluarte afirmó que la isla forma parte de la isla Chinería, históricamente peruana, y que la reciente ley que creó el Distrito de Santa Rosa de Loreto busca “fortalecer la presencia del Estado” en la triple frontera, no apropiarse de un territorio ajeno. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales respaldó la posición oficial.
Por su parte, Dina Boluarte, quien se encuentra en plena caída libre de popularidad y acosada por denuncias de corrupción, ha encontrado en la Isla Santa Rosa un nuevo escenario para mostrarse firme.
Colombia sostiene que el territorio no está asignado y que la reciente ley peruana que lo incorpora al Distrito de Santa Rosa de Loreto viola el espíritu del Protocolo de Río de Janeiro (1934). Gustavo Petro ha pedido que el caso se discuta en la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera (COMPERIF), que se reunirá en septiembre en Lima.
Lima, por su parte, defiende que la isla forma parte de la histórica Chinería y que su inclusión en un distrito busca “fortalecer la presencia del Estado” en la triple frontera.
Pero para varios analistas, el súbito fervor soberanista de Boluarte responde menos a un imperativo geopolítico que a un cálculo político interno, movilizando el nacionalismo como escudo frente a su desgaste.
Spanish 
Portuguese 
English