Con media sanción en el Senado, la reforma laboral impulsada por el oficialismo quedó a un paso de desembarcar en la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate intenso. El proyecto promovido por el Gobierno de Javier Milei propone modificar el esquema de indemnizaciones, suprimir el pago de horas extras, acotar la negociación colectiva y restringir el derecho a huelga. Bajo el rótulo de “modernización”, la iniciativa avanza con cambios que impactan de lleno en la estructura de derechos laborales vigente.
En la Casa Rosada buscan que el tratamiento llegue al recinto antes de fin de mes, aprovechando la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Sin embargo, fuera del oficialismo crecen las advertencias. Desde la plataforma Latfem sostienen que «se trata de un proyecto redactado a medida de los grandes grupos económicos —que ven a los sindicatos y las leyes laborales como un obstáculo para las inversiones y el crecimiento económico—, que disminuye la protección para quienes tienen un empleo formal e ignora por completo la realidad de lxs trabajadorxs informales —unos 5,6 millones de personas, según datos del INDEC— y de la economía popular».
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazaría el régimen tradicional de indemnizaciones. El mecanismo establece que las empresas aporten el 3 por ciento del salario de cada trabajador a un fondo destinado a cubrir eventuales despidos. Para el oficialismo, se trata de un sistema más “previsible”; para sus detractores, implica trasladar al conjunto de la sociedad el costo de decisiones empresariales.
El FAL guarda similitudes con el fondo de cese laboral contemplado en la denominada Ley Bases y, según especialistas, supondría que el Estado deje de percibir contribuciones patronales para redirigir esos recursos al financiamiento de despidos. De allí la caracterización que circula en ámbitos sindicales y académicos como un «Fondo de cese obligatorio financiado 100 por ciento con recursos públicos. Sí, el Estado a cargo de pagar las indemnizaciones». La discusión no es solo técnica, también es política.
Las objeciones alcanzan además al impacto fiscal. Se advierte que miles de millones de dólares podrían salir de la seguridad social, fondos originalmente destinados al pago de jubilaciones y pensiones. El proyecto también dispone que las asambleas sindicales en los lugares de trabajo requieran autorización del empleador en cuanto a horario y espacio, y tipifica como infracción grave cualquier bloqueo de tareas a quienes no adhieran a una medida de fuerza.
En el movimiento obrero interpretan estas disposiciones como un recorte de la libertad sindical. La exigencia de autorización previa y la no remuneración del tiempo de asamblea son leídas como mecanismos que reducen la capacidad de organización colectiva y desalientan la protesta. La disputa que se abre en Diputados excede el plano legislativo y pone en discusión el equilibrio entre capital y trabajo en la Argentina actual.
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