Amnistía para la unidad: el pueblo de Venezuela es convocado a discutir la paz y la soberanía.

En el marco de una recorrida por la empresa Alimentos Río de Oro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a poner en agenda la consulta nacional sobre la Ley de Amnistía, presentada como una herramienta para recomponer la convivencia política y social en el país. La convocatoria apunta a involucrar a la ciudadanía y a los distintos actores sociales en un proceso que el Ejecutivo define como clave para la etapa que viene.

“Está en curso un proceso de consulta nacional de la Ley de Amnistía que debe ser para la unión y para la reconciliación”, sostuvo la funcionaria, al tiempo que llamó a ampliar la participación: “Vamos todos los sectores del país, vamos a sumar para esta Ley de Amnistía y vamos a sumar también al programa de convivencia democrática y paz”. El mensaje buscó subrayar el carácter transversal de la iniciativa.

Rodríguez remarcó que cualquier acercamiento entre posiciones divergentes debe sostenerse sobre reglas claras. “Desde las diferencias, la pluralidad y la diversidad nos encontremos, pero que nos encontremos con respeto”, afirmó, en un guiño a un escenario político marcado por tensiones persistentes y desconfianzas acumuladas.

La presidenta encargada vinculó este proceso con las urgencias económicas y sociales. “Venezuela quiere trabajar. Venezuela quiere avanzar. Venezuela quiere superar las dificultades. Venezuela quiere vencer definitivamente el bloqueo ilegítimo contra nuestro país”, enumeró.

En ese marco, insistió en que el Programa de Convivencia Democrática y Paz incluye acuerdos para evitar la especulación y respetar los precios pactados entre el Estado y el sector productivo. “Eso debe ser parte de los acuerdos, del diálogo económico y social que ha instalado el Programa de Convivencia Democrática y Paz”, explicó.

En paralelo, el Ejecutivo difundió indicadores con los que busca respaldar su estrategia económica. Sobre ello, se destaca una seguidilla de 19 trimestres de expansión, un crecimiento estimado del 8% durante 2025 y un esquema de abastecimiento que, según cifras oficiales, permite sostener el consumo popular.

Ese dispositivo incluye reservas consideradas suficientes para varios meses y un despliegue semanal de miles de toneladas de alimentos en mercados abiertos, presentado como un dique frente a la especulación y una garantía mínima para los sectores de menores ingresos.