A partir del 1 de mayo, Ecuador duplicará los aranceles a las importaciones colombianas al llevarlos del 50 % al 100 %, en una medida que marca un nuevo escalón en la crisis abierta entre Quito y Bogotá. La decisión se produce en un escenario de creciente fricción diplomática y comercial, atravesado por desacuerdos en materia de seguridad fronteriza, narcotráfico y declaraciones cruzadas entre los presidentes de ambos países.
En los últimos años, el intercambio comercial bilateral rondó los 2.800 millones de dólares, aunque con un saldo deficitario de 900 millones para Ecuador. Sobre ese trasfondo, el gobierno de Daniel Noboa avanzó primero con una “tasa de seguridad” del 30 % para los productos colombianos, a lo que Bogotá respondió con nuevos aranceles y con la suspensión de la interconexión eléctrica hacia Ecuador, un suministro relevante para el país vecino.
Como contrapartida, Quito resolvió elevar de 3 a 30 dólares por barril el costo del transporte de crudo de la empresa estatal colombiana Ecopetrol a través de Petroecuador. De este modo, la confrontación dejó de estar acotada al terreno diplomático y pasó a impactar de lleno en áreas estratégicas como la energía y el comercio exterior, profundizando un cuadro de tensión que no encuentra señales de alivio.
El punto de inflexión político más reciente llegó después de una publicación en X del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y el operativo en la embajada de México en Quito. Petro definió a Glas como «preso político», una expresión que Daniel Noboa interpretó como un «atentado contra nuestra soberanía», tras lo cual dispuso el llamado a consultas del embajador ecuatoriano en Bogotá.
En paralelo, la canciller Gabriela Sommerfeld anunció el 8 de abril la suspensión de las mesas técnicas bilaterales hasta que exista un «ambiente propicio». La decisión terminó de congelar uno de los pocos canales institucionales que seguían abiertos entre ambos gobiernos y confirmó que las relaciones atraviesan uno de sus momentos más delicados de los últimos años.
Desde Bogotá, Petro reaccionó al aumento arancelario calificándolo como una «monstruosidad» y como «el fin del Pacto Andino para Colombia», al tiempo que sugirió reorientar la política comercial de su país hacia el Mercosur, el Caribe y Centroamérica. Sus palabras exhibieron la magnitud del deterioro político entre dos socios históricamente vinculados por la geografía, el comercio y la agenda de seguridad.
Mientras tanto, el conflicto se agrava también en la frontera común. A la guerra comercial se suman denuncias cruzadas en materia de seguridad. En marzo, autoridades colombianas reportaron la presencia de una bomba ecuatoriana en su territorio, y una operación militar lanzada por Ecuador contra estructuras del narcotráfico derivó en acusaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, el vínculo bilateral parece entrar en una fase de mayor confrontación, con consecuencias todavía abiertas para toda la región andina.
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